Un grupo identificado como DLR denunció una presunta red de explotación sexual infantil que operaba vía mensajería en Oaxaca, lo que llevó a la Fiscalía estatal a abrir una investigación de oficio. Revelan conversaciones y pruebas que involucran a posibles familiares de las víctimas, alumnas de secundarias locales
Redacción Más
Un colectivo de activistas digitales expuso públicamente la existencia de una presunta red de explotación sexual infantil que operaba a través de una plataforma de mensajería instantánea en Oaxaca, lo que provocó la reacción inmediata de autoridades estatales.
El grupo, identificado como DLR, se dedica al monitoreo de conductas criminales en entornos digitales y a la denuncia de delitos relacionados con la violencia sexual contra menores, especialmente en espacios virtuales.
La denuncia fue compartida en redes sociales por los integrantes del colectivo, quienes publicaron capturas de pantalla con conversaciones entre varios hombres que intercambiaban imágenes de adolescentes en contextos íntimos. Algunas de las menores son identificables por los uniformes escolares que portan, correspondientes a planteles educativos de la ciudad de Oaxaca.
De acuerdo con la información documentada por Infobae, se identificaron uniformes de las secundarias Técnica 1, Técnica 6 y Federal 2, lo que permitió al colectivo determinar que las víctimas eran alumnas de instituciones locales.
“Identificamos este grupo de p2filos donde incluso hay padres compartiendo fotos de sus hijas… alumnas de la Técnica 1, Técnica 6, Federal 2”, señaló DLR en su publicación, en la que también denunciaron que algunos participantes del grupo digital afirmaban ser familiares de las menores retratadas. Las conversaciones muestran descripciones sobre cómo fueron tomadas las fotografías en espacios privados y peticiones para obtener más contenido, lo que revela la operación sistemática de una red digital con fines de explotación sexual.
El trabajo de este colectivo forma parte de una estrategia de vigilancia y denuncia en plataformas encriptadas, donde afirman haber identificado múltiples espacios en los que se normalizan prácticas ilegales vinculadas a la violencia sexual infantil.
Según han expuesto en otros casos, DLR colabora con especialistas en ciberseguridad y derechos digitales para documentar, preservar evidencia y generar presión pública a través de redes sociales, con el fin de movilizar a las autoridades e impulsar investigaciones formales.
En respuesta a esta denuncia, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó el 21 de noviembre de 2025 que inició de oficio la carpeta de investigación número 30453/UNNA/2025, bajo el cargo de violación a la intimidad sexual de menores de edad. La investigación está en manos de la Fiscalía Especializada en Justicia para Niñas, Niños y Adolescentes, la cual comenzó a actuar desde el 18 de noviembre tras la detección del caso en medios digitales.
Entre las primeras acciones, agentes ministeriales acudieron a los planteles mencionados para recabar testimonios y buscar la identificación de víctimas potenciales. Además, se dio a conocer que especialistas en entornos digitales trabajan junto con la Fiscalía para rastrear el origen del contenido, establecer rutas de distribución y ubicar a los posibles responsables. La institución subrayó que la denuncia directa de víctimas o de personas con conocimiento de los hechos es fundamental para avanzar en el proceso penal.
En su comunicado, la FGEO reconoció el daño que este tipo de violencia representa para niñas y adolescentes, y se comprometió a brindar atención especializada a las víctimas, así como a mantener la investigación abierta hasta dar con los responsables. También reafirmó la importancia de fortalecer los mecanismos de prevención y de conciencia social para erradicar la violencia digital, especialmente aquella que afecta a menores de edad.
El trabajo del colectivo DLR pone nuevamente sobre la mesa el papel de los activistas digitales como actores clave en la lucha contra delitos invisibilizados en internet, donde la impunidad suele prevalecer por la falta de vigilancia institucional. Su intervención en este caso permitió visibilizar un problema urgente y presionar a las autoridades para que actúen con celeridad y responsabilidad.
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