Tierra Caliente, tierra de narcos

La ejecución de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, reavivó el temor en Michoacán y expuso la fragilidad del control estatal frente al crimen organizado. Desde hace casi dos décadas, la región ha sido escenario de violencia extrema y estrategias fallidas por parte de distintos gobiernos

Redacción Más

El asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ha detonado una de las expresiones de protesta social más intensas que se hayan visto en Michoacán en los últimos años. La ejecución a quemarropa del edil, en plena plaza municipal, no solo revivió los peores recuerdos de la violencia que azota a Tierra Caliente desde hace casi dos décadas, sino que evidenció la continuidad de una espiral de terror que ha permeado cada rincón del estado. La indignación ha sido tal que incluso la presidenta Claudia Sheinbaum, a pocos meses de iniciar su mandato, se ha visto forzada a intervenir con un plan federal para tratar de contener la situación.

En un amplio reportaje, el diario El País traza una línea directa entre el homicidio de Manzo y otros eventos que marcaron la historia reciente de la violencia en México.

A tan solo unas cuadras del lugar donde el alcalde fue abatido, en 2006, un grupo de encapuchados armados irrumpió en una discoteca para dejar cinco cabezas humanas en la pista de baile, un acto que inauguró una nueva etapa de terror conocido como narcoterrorismo. Aquella noche, el país atestiguó por primera vez la espectacularización de la violencia criminal. Poco después, Felipe Calderón asumiría la presidencia y anunciaría desde ese mismo estado el inicio de la llamada “guerra contra el narcotráfico”, desplegando al Ejército en las calles.

Desde entonces, Michoacán ha sido laboratorio de estrategias fallidas.

Durante el sexenio de Calderón, llegaron 6 mil militares al estado; los asesinatos se duplicaron y se registraron hechos brutales, como el hallazgo de 17 cabezas humanas en distintos puntos del estado. Enrique Peña Nieto intentó una estrategia diferente centrada en la captura de líderes criminales, pero el vacío de poder fue ocupado por grupos más pequeños y más violentos. Andrés Manuel López Obrador, en su turno, optó por una política de contención y una narrativa de “abrazos, no balazos”, aunque sin retirar completamente a las fuerzas armadas. Ahora, la presidenta Sheinbaum retoma un enfoque mixto que incluye intervención federal directa sin declarar una nueva militarización.

El problema, sin embargo, va mucho más allá de las estrategias gubernamentales. El reportaje de El País subraya que Michoacán es un estado de contrastes extremos. Más del 40% de su población vive en condiciones de pobreza, pero es también líder mundial en producción de aguacate, limón y frutos rojos; alberga el puerto de Lázaro Cárdenas, una de las puertas comerciales más importantes del Pacífico, y es sede de empresas transnacionales como ArcelorMittal, la mayor acerera del mundo. Esta riqueza ha sido un imán para el crimen organizado, que ha mutado desde sus orígenes en el narcotráfico hacia formas más extensas de control territorial, extorsión y captura de rentas legales.

Las palabras del economista Carlos Heredia, exasesor del gobierno estatal, retratan con crudeza esta paradoja: “No es que la violencia esté incrustada en el ADN de los michoacanos, es que aquí hay mucho dinero. Y eso es un imán para el crimen. Es un Estado rico con un pueblo pobre”. Esta condición ha facilitado la expansión de los grupos criminales, que ya no solo trafican drogas, sino que operan como mafias territoriales, controlando desde rutas comerciales hasta cosechas y elecciones.

El relato también da cuenta del largo proceso histórico que ha moldeado esta situación. Las políticas agrarias impulsadas por el presidente Lázaro Cárdenas en los años 50 potenciaron inicialmente el desarrollo del campo, pero décadas después, la falta de continuidad generó pobreza y migración masiva a Estados Unidos.

Esa misma migración abrió rutas para el trasiego de drogas en pequeñas cantidades y propició la formación de grupos armados dedicados al robo y la extorsión. Con el paso del tiempo, esos grupos evolucionaron en organizaciones criminales altamente estructuradas como La Familia Michoacana, Los Caballeros Templarios y actualmente el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El CJNG, cuyo líder, Nemesio Oseguera ‘El Mencho’, es originario de Aguililla, ha convertido a Michoacán en uno de sus principales bastiones. Este grupo opera como una franquicia que domina extensas zonas del estado y ha desplazado a los cárteles tradicionales, que al menos fingían una separación entre sus negocios ilegales y la vida de la población civil.

El CJNG no tiene esas reservas: extorsiona, secuestra, impone “impuestos” locales y controla incluso los caminos. En su lucha por la hegemonía, enfrenta a Carteles Unidos, Los Viagras y remanentes de La Familia en combates que han devastado pueblos enteros, como Tepalcatepec o Buenavista Tomatlán.

En este contexto, la muerte del alcalde Manzo es una advertencia directa pues era popular por su postura abierta contra el crimen y había denunciado al CJNG en diversas ocasiones. Su ejecución se suma a la de otros líderes sociales, como el productor de cítricos Bernardo Bravo, asesinado tras denunciar extorsiones en Tierra Caliente.

Estas muertes reflejan un nuevo patrón: el crimen ya no solo pacta con las autoridades, sino que dicta el rumbo de la política local. Como resume Heredia: “Hemos pasado de la tolerancia a la complicidad. Luego a la asociación. Y ahora estamos en la subordinación. El crimen decide qué se hace y mata al que se oponga”.

Los vínculos entre el crimen y el poder político no son nuevos, pero se han hecho cada vez más evidentes. En 2009, la entonces Procuraduría General de la República acusó a Julio César Godoy, medio hermano del exgobernador Leonel Godoy, de tener nexos con La Familia Michoacana. Años más tarde, un hijo del gobernador Fausto Vallejo fue grabado compartiendo cerveza con Servando Gómez ‘La Tuta’, líder de Los Caballeros Templarios. Las imágenes, difundidas en 2014, provocaron la renuncia del mandatario estatal.

Hoy, la violencia ha mutado en nuevas formas aún más sofisticadas. Los grupos criminales emplean drones con explosivos, colocan minas antipersona y contratan mercenarios colombianos. Mientras tanto, la población vive bajo asedio. En Uruapan, familiares y ciudadanos continúan velando al alcalde asesinado entre veladoras, flores y carteles escritos a mano. “Antes la violencia estaba más fea. Luego fue bajando algo. Pero esto es como las avispas: cuando las apedreas, atacan. Así son los señores que están detrás de todo esto”, dijo a El País Benjamin García, un fontanero de 71 años.

La presidenta Sheinbaum ha respondido al estallido social con un plan específico para Michoacán que incluye el envío de fuerzas federales y la apertura de oficinas de la Presidencia en los municipios más golpeados, comenzando por Uruapan. Ha insistido en que esta estrategia no supone una militarización como la de sexenios anteriores, aunque retoma elementos similares a los aplicados por Peña Nieto en 2014, como la designación de comisionados especiales.

Analistas consultados por El País coinciden en que no bastará con la presencia del Estado si no se desmontan las redes de complicidad que permiten al crimen operar con total impunidad. El desafío no es solo recuperar territorios, sino reconstruir el pacto social roto por años de sangre, corrupción y abandono institucional. Por ahora, Tierra Caliente sigue siendo una tierra de nadie, o más bien, una tierra de narcos.