Ciudad de México, noviembre 7. En Uruapan, Michoacán, comerciantes, empresarios y transportistas enfrentan una situación crítica por el cobro sistemático de cuotas y extorsiones por parte del crimen organizado, una práctica que, según testimonios de víctimas, afecta a todos los niveles económicos y se ha vuelto una imposición obligada para poder mantener abiertos los negocios.
Alicia, una comerciante que pidió reservar su identidad, explicó que las exigencias económicas varían según el giro comercial: desde unos 15 mil pesos a pequeñas panaderías artesanales hasta cientos de miles o incluso millones a propietarios de salones para eventos, lo que ha generado un profundo desgaste económico y psicológico entre la población.
A esto se suma la presencia de jóvenes reclutados que también exigen pagos inmediatos, así como la amenaza directa de grupos criminales que llegan a los domicilios identificándose como parte de “las cuatro letras” o de algún cártel específico.
La información proviene del portal Infobae México, que documentó cómo, a pesar de las cifras oficiales, en Uruapan prevalece el temor a denunciar ante la falta de resultados de la Fiscalía estatal y el riesgo de represalias.
Según los testimonios recogidos, la extorsión no solo proviene del crimen organizado sino también de fraudes telefónicos que se hacen pasar por autoridades fiscales, y la problemática ha escalado al punto de que la Cámara de Comercio local ofrece talleres para identificar intentos de extorsión, aunque comerciantes señalan que estas capacitaciones no sustituyen políticas reales de seguridad ni acciones con presupuesto asignado.
La crisis de seguridad se agrava por el ambiente de temor que vive la ciudad desde el asesinato del alcalde independiente Carlos Manzo, ocurrido cinco días antes del recorrido nocturno en el que se recogieron parte de los testimonios.
A pesar de que en la zona central aún se escuchan consignas como “Carlos no murió, el gobierno lo mató”, las calles aledañas permanecen vacías, los comercios cierran temprano y la circulación es mínima.
La situación recuerda la violencia vivida en otras regiones como Culiacán, afectada por disputas internas del Cártel de Sinaloa.
Taxistas como Alejandro relataron que los conductores llegan a pagar hasta 900 pesos en cuotas, distribuidas entre distintos grupos criminales que cobran primero a las bases y luego a los choferes.
El creciente hartazgo ha impulsado un paro y una Marcha por la Paz convocados por diversos sectores, que buscan no solo justicia por el asesinato del alcalde, sino también un freno a las extorsiones y mejores condiciones de seguridad.
Conductores de aplicaciones, como Andrés, señalaron que si bien están menos expuestos, nadie en Uruapan está a salvo: cualquier empresario asume que tarde o temprano será víctima de extorsión, lo que disuade el emprendimiento y mantiene las calles desiertas durante la noche.
Mientras tanto, la población cuestiona la llegada tardía de patrullajes del Ejército, Guardia Nacional y Policía estatal que inundaron la ciudad tras el ataque a Manzo. Algunos ciudadanos incluso reprocharon a uniformados de la Guardia Civil haber protegido obras federales vandalizadas —como las del teleférico— en vez de brindar seguridad previa al edil.
Manzo, quien intentó depurar y fortalecer una policía municipal de apenas 300 elementos, había solicitado ayuda a los gobiernos estatal y federal hasta en diez ocasiones antes de ser asesinado durante un evento público, lo que dejó a la población conmocionada y preguntándose qué seguridad pueden esperar si ni el alcalde estuvo protegido.
Con la toma de protesta de Grecia Quiroz, viuda de Manzo, como nueva alcaldesa respaldada por el Movimiento del Sombrero, la ciudadanía muestra apoyo pero también incertidumbre sobre su capacidad para mantener controlada a la policía municipal y enfrentar la presión del crimen organizado.
Testimonios de habitantes recuerdan que Manzo había limitado prácticas abusivas de policías y tránsitos, como cubrirse el rostro o exigir sobornos, lo que redujo prácticas extorsivas desde adentro de la corporación. Sin embargo, persiste la preocupación sobre si su sucesora podrá sostener esa línea en un contexto donde la población se declara agotada por la violencia, la extorsión y el deterioro social de Uruapan.
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