La universidad ha registrado un incremento constante en denuncias, alcanzando un récord de 56 casos formales en 2024. Denuncian que los protocolos actuales para atención son limitados
Saltillo, Coahuila, 24/10/25 (Más).- La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) enfrenta una creciente crisis por violencia de género, al registrar en promedio una denuncia semanal contra docentes, estudiantes o personal administrativo.
Durante 2024, el Tribunal Universitario para la Atención de los Casos de Violencia de Género abrió 56 procedimientos formales, la cifra más alta desde su creación, y que refleja la profundización de un problema que ha ganado visibilidad pero aún carece de una solución estructural dentro de la institución.
De acuerdo con datos obtenidos por Milenio Laguna a través de solicitudes de transparencia, 22 denuncias fueron dirigidas contra docentes, 11 contra alumnos y 23 más contra personal administrativo y manual.
Las cifras indican una tendencia al alza en los últimos cinco años: en 2020 se reportaron 18 denuncias, en 2021 fueron 21, en 2022 subieron a 35, en 2023 llegaron a 43 y, en 2024, se alcanzó el pico de 56 casos documentados. La mayor concentración de denuncias proviene de unidades académicas ubicadas en la región Sureste (94), seguida de La Laguna (47) y la región Norte (30).
Entre 2020 y 2024, las denuncias derivaron en la baja definitiva de 11 estudiantes, 4 trabajadores manuales o administrativos y 11 docentes. A pesar de estas sanciones, integrantes de organizaciones civiles han señalado que los mecanismos institucionales aún son insuficientes para erradicar la violencia de género en el entorno universitario.
Octavio Pimentel Martínez es el actual rector de la UAdeC, asumió formalmente el cargo el 1 de febrero de 2024 para un periodo que concluye en 2027 con posibilidad a reelección.
El Tribunal Universitario, creado como parte del Protocolo de Actuación para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia de Género, tiene como objetivo enfrentar actos de acoso, hostigamiento, abuso sexual, discriminación y otras formas de violencia. Durante el último quinquenio, al menos 28 denuncias han estado relacionadas con acoso y hostigamiento. En 2024, esta instancia operó con un presupuesto de apenas 106 mil 754 pesos y cuenta con un equipo de 11 personas para atender casos en toda la universidad.
La historia de violencia en la UAdeC no es nueva. Desde 2019, antes de la existencia formal del protocolo, comenzaron a surgir denuncias anónimas mediante urnas colocadas por estudiantes, como ocurrió en la Facultad de Jurisprudencia de Saltillo.
En 2020, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de Torreón también fue blanco de quejas por mensajes sexuales difundidos en redes sociales por parte de alumnos. En octubre de 2023, estudiantes de la Preparatoria Venustiano Carranza en Torreón marcharon para denunciar acoso por parte de miembros del personal, exigiendo la destitución de autoridades que, según dijeron, encubrieron los hechos.
Para Tania Díaz Chávez, socióloga e integrante de la Red de Mujeres de La Laguna, la existencia de protocolos y tribunales universitarios representa un avance, pero advierte que son solo el primer paso en un sistema aún dominado por prácticas machistas y estructuras de poder que protegen a los agresores. “Las rutas muchas veces poco claras o conocidas suelen ser también escabrosas y confusas. Cuando por fin se identifica un camino a seguir, ocurre lo que sucede en el sistema judicial en general: la corrupción, el compadrazgo, el pacto patriarcal”, expresó, según publica Milenio Laguna.
Díaz Chávez subrayó la necesidad de fortalecer el acompañamiento psicológico y legal para las víctimas, con personal capacitado y sensibilizado, y denunció que actualmente existe una desconexión entre la vida académica y las políticas públicas en materia de igualdad y erradicación de la violencia de género.
Las cifras y testimonios evidencian que, aunque la UAdeC ha comenzado a atender formalmente la violencia de género, el problema persiste y se agrava. La institucionalización de mecanismos de denuncia y sanción, por sí sola, no ha logrado desarticular las dinámicas de poder, impunidad y encubrimiento que mantienen vigente esta violencia en espacios universitarios. La exigencia de estudiantes y colectivos feministas es clara: no basta con protocolos en el papel, se requiere una transformación profunda de la cultura institucional para garantizar una educación libre de violencia.
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