Ciudad de México, octubre 22.- La guerra interna del Cártel de Sinaloa entre las facciones de los ‘mayitos’ y los ‘chapitos’ ha generado un aumento alarmante de asesinatos y desapariciones en Mazatlán, Sinaloa.
Este conflicto, que inició en septiembre de 2024 tras la supuesta traición de uno de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán y la captura de Ismael “El Mayo” Zambada en Estados Unidos, ha trasladado la violencia desde Culiacán hacia la ciudad portuaria, afectando gravemente su seguridad y a la población civil.
De acuerdo con reportes de Animal Político, las desapariciones en Mazatlán se han casi duplicado a raíz de la confrontación entre facciones del cártel. Entre septiembre de 2024 y el 20 de octubre de este año, se registraron 553 denuncias por desaparición, de las cuales 404 siguen vigentes, el 73 % del total.
Esta cifra representa un incremento del 83 % respecto al mismo periodo del año anterior, cuando se contabilizaron 296 denuncias. Casi la mitad de los casos corresponde a jóvenes de entre 18 y 29 años (230 casos, 41.5 %), y el 84 % son hombres, lo que podría estar vinculado al reclutamiento forzado por el crimen organizado, aunque no existe registro oficial que mida este fenómeno.
En las últimas semanas de octubre se reportaron cuatro desapariciones que reflejan el aumento de violencia en Mazatlán: los primos Edwin Rodrigo Barraza Audeves e Isaac Alejandro Ortega Audeves, de 17 y 15 años, desaparecieron el 5 de octubre mientras se encontraban en el parque del fraccionamiento La Campiña; Carlos Emilio Galván Valenzuela, de 21 años y originario de Durango, desapareció ese mismo día en un restaurante de la zona dorada; y María de los Ángeles Valenzuela, buscadora del colectivo Corazones Unidos por una misma Causa AC, fue privada de la libertad el 14 de octubre en la colonia Salvador Allende mientras realizaba labores de búsqueda de personas desaparecidas.
La familia de los jóvenes reportó que sus celulares estaban apagados desde el momento de la desaparición y que los esfuerzos de búsqueda iniciales no tuvieron respuesta de las autoridades. El colectivo exigió la búsqueda inmediata y el regreso con vida de María de los Ángeles, alertando que las buscadoras también son perseguidas y silenciadas.
Además de las desapariciones, los homicidios han mostrado un fuerte incremento.
Entre enero y septiembre de 2025 se registraron 95 asesinatos en Mazatlán, un aumento del 227 % respecto al mismo periodo del año pasado, y más que en todo 2022 y 2023 juntos, que sumaban 89 homicidios. Las cifras muestran que el aumento más notable se produjo a partir de octubre de 2024: en el último trimestre de ese año hubo 37 asesinatos, frente a 29 en los nueve meses previos.
Otros delitos también han aumentado considerablemente: las denuncias por narcomenudeo pasaron de 54 a 91 casos hasta septiembre de 2025, casi un 70 % al alza; las lesiones dolosas cometidas con arma de fuego o blanca suman 589 casos, 12 % más que el año anterior; y el robo de vehículos, incluyendo automóviles y motocicletas, incrementó un 63 % hasta 840 casos.
El experto y consultor en seguridad David Saucedo explicó que Mazatlán era anteriormente un territorio controlado exclusivamente por los chapitos, donde la violencia era limitada y se mantenía bajo control de cobro de piso y administración de negocios locales.
Sin embargo, el estallido de la confrontación entre chapitos y mayitos ha expandido los frentes de guerra a la ciudad portuaria. Saucedo advierte que esta violencia se extenderá a otras regiones del estado y a entidades vecinas como Baja California, Coahuila y Durango, reproduciendo la confrontación en otras ciudades y municipios donde coincidan ambas facciones.
El especialista señala que el conflicto no solo afecta la seguridad ciudadana, sino también el desarrollo económico y turístico de Mazatlán, que anteriormente mantenía perspectivas positivas a pesar de la violencia interna en Culiacán, con ocupación hotelera estable, ingresos pesqueros y restauranteros, y actividades de comercio protegidas. Sin embargo, la llegada de la guerra al puerto amenaza con alterar la vida cotidiana de los habitantes y aumentar la exposición de jóvenes y buscadores a la violencia del crimen organizado.
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