Ciudad de México, 15/10/25 (Más).- El Senado de la República aprobó el martes una reserva de último momento para postergar la entrada en vigor de la nueva Ley Aduanera, trasladando su aplicación del día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de la Federación al 1 de enero de 2026.
La modificación, impulsada por legisladores de Morena, busca otorgar un margen razonable para que los actores involucrados en el comercio exterior se adapten a los cambios operativos y normativos que introduce el nuevo marco legal.
De acuerdo con información de El País, la reforma fue avalada con 78 votos a favor, 37 en contra y una abstención, y fue devuelta a la Cámara de Diputados únicamente con el cambio de fecha. Si el proyecto se ratifica sin nuevas modificaciones, será enviado al Ejecutivo para su promulgación y entrará en vigor al inicio del próximo año fiscal.
La reforma representa una apuesta de la Secretaría de Hacienda para frenar el contrabando y recuperar ingresos fiscales perdidos, sobre todo tras los escándalos de corrupción en aduanas vinculados al robo y tráfico ilegal de combustibles, en los que se han visto involucrados elementos de alto rango de la Marina.
La legislación complementa otras medidas fiscales como la Miscelánea Fiscal, la Ley de Ingresos y la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación.
Uno de los cambios clave de la nueva ley es la transformación del papel de los agentes aduanales. Se elimina la figura de “causas excluyentes de responsabilidad”, lo que implica que tanto los agentes como las agencias aduanales compartirán responsabilidad legal junto con las empresas importadoras y exportadoras en caso de irregularidades, incluso cuando las mercancías sean difíciles de identificar con precisión.
Además, se establecen mayores facultades de inspección para las autoridades aduaneras y un control más riguroso en los recintos fiscalizados estratégicos, zonas que operan bajo un régimen especial con beneficios tributarios y que son utilizadas para manufactura o transformación de mercancías.
Con estos ajustes, el Gobierno federal busca cerrar los espacios legales y operativos que han permitido históricamente esquemas de evasión fiscal, mientras las nuevas reglas dan forma a una supervisión más estricta y permanente sobre el comercio internacional que cruza por las fronteras mexicanas.
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