Morelia, Michoacán, 13/10/25 (Más).- La figura del narcotraficante ha evolucionado profundamente en México, pasando de personajes que eran considerados benefactores sociales a estructuras empresariales que ejercen violencia y control territorial. Así lo revela el análisis del sociólogo Enrique Guerra Manzo, quien documenta esta transformación en su libro ‘Territorios Violentos de México’.
De acuerdo con información del portal Infobae, entre 1940 y 1980 predominó una imagen del narco asociada a códigos de honor. En regiones como Michoacán, estos actores eran conocidos por evitar la violencia contra civiles y realizar obras sociales, como la construcción de caminos, escuelas y hasta la mejora de templos. Esta relativa paz se sostenía por acuerdos entre el Estado y los criminales, quienes podían operar con libertad mientras mantuvieran el orden y limitaran la violencia.
Durante ese periodo, el Cártel de Sinaloa tenía un control hegemónico que evitaba disputas territoriales.
Guerra Manzo señala que los ‘marihuaneros’ de antaño no necesitaban punteros, ya que se ganaban el respeto de la población a través de acciones concretas, e incluso ofrecían mejores condiciones económicas a campesinos en zonas como Aguililla.
Sin embargo, a partir de 1985, la apertura democrática y la fragmentación del poder político rompieron esos pactos. Con la llegada de nuevos partidos y estructuras de gobierno, el crimen organizado dejó de tener una sola interlocución con el poder y surgieron conflictos entre distintas esferas institucionales y cárteles rivales.
Según el autor, la creación de nuevos partidos significó que no todos estuvieran en el mismo bando, lo que dio paso a una escalada de violencia.
La irrupción de grupos como Los Zetas marcó un giro radical, al combinar capacidades bélicas con otras actividades criminales como el secuestro y la extorsión. Esta etapa implicó también la expansión del crimen hacia prácticas de terror que incluyeron la explotación de la población civil, ya no como aliados sino como botín de guerra.
Actualmente, los cárteles operan como organizaciones empresariales con estructuras piramidales que abarcan desde el sicariato hasta la explotación de negocios legales. La lucha por el control de territorios ha provocado una violencia permanente y ha debilitado las instituciones de justicia y seguridad. “Antes, la policía explotaba a los delincuentes, ahora era al revés: trabajaban para el crimen organizado”, afirma Guerra Manzo.
La transformación del narco ha derivado en una penetración profunda de las estructuras estatales y municipales, imponiendo un modelo de control social y económico que ha socavado el papel del Estado y alterado la vida cotidiana en amplias regiones del país.
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