Iztapalapa, bomba de tiempo

La explosión de un autotanque de gas LP en el Puente La Concordia, expuso la falta de regulación sobre el tránsito de estos vehículos en zonas densamente pobladas. En México circulan casi 32 mil autotanques sin horarios ni rutas claramente definidos, lo que eleva el riesgo de tragedias

Redacción Más

La tragedia ocurrida en el Puente La Concordia, en Iztapalapa, donde un autotanque de gas licuado de petróleo (gas LP) explotó el pasado 10 de septiembre dejando al menos 25 personas fallecidas y más de 90 heridas, encendió las alarmas sobre un problema que ha estado presente desde hace años: la circulación de miles de pipas y autotanques en zonas densamente pobladas, en horarios de alta afluencia vehicular y sin regulaciones específicas que reduzcan el riesgo.

De acuerdo con información publicada por Emeequis, en México se movilizan diariamente 31 mil 946 autotanques con capacidad conjunta para transportar 107 millones 967 mil 392 litros de gas LP. Para dimensionar el peligro, se trata de una capacidad equivalente a 2 mil 181 veces la del autotanque que estalló en Iztapalapa a las 14:20 horas, en plena hora pico. Pese a ello, en la legislación mexicana no existe un ordenamiento que establezca horarios claros de circulación para estas unidades en ciudades y comunidades con alta densidad poblacional.

Los registros oficiales muestran que el marco legal se concentra en aspectos técnicos y de seguridad de los vehículos, dejando de lado regulaciones específicas sobre rutas y tiempos de tránsito. La Norma Oficial Mexicana NOM-007-SESH-2010 define las condiciones de operación y mantenimiento de los autotanques, pero no aborda los riesgos derivados de su circulación en horarios críticos. Tampoco el Reglamento de Gas Licuado de Petróleo ni la legislación en materia de transporte de sustancias peligrosas contienen disposiciones de este tipo, lo que genera un vacío que expone a millones de personas.

Actualmente existen 63 permisionarios vigentes para la transportación de gas LP en el país. La concentración es evidente: Nuevo León encabeza con 13 concesiones, seguido del Estado de México con 8, Sonora con 7 y Puebla con 6. En conjunto, estas cuatro entidades acumulan el 54% de las autorizaciones emitidas de 2020 a la fecha. En la lista figuran empresas como Transportadora Güero Gas, Grupo Distribuidor de Gas Garage, Gas 8 del Pacífico, Gas Hunter y SISA Gas, esta última propietaria del autotanque siniestrado en Iztapalapa.

El marco legal vigente tampoco aclara la distinción entre autotanques y pipas de reparto, que cumplen funciones diferentes en la cadena de distribución. Los primeros movilizan grandes volúmenes desde terminales de almacenamiento hasta estaciones de carburación o tanques industriales; en cambio, las pipas atienden la distribución directa a consumidores finales en rutas urbanas y suburbanas.

En México existen más de 14 mil pipas de este tipo con permiso, de las cuales alrededor de 3 mil circulan en la Zona Metropolitana del Valle de México. Según estimaciones del exsecretario de Protección Civil de la capital, Fausto Lugo, al menos el 10% de estas unidades distribuyen combustible de origen ilícito, lo que aumenta el nivel de riesgo.

En el ámbito local, el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México contempla sanciones económicas y administrativas para quienes transporten materiales peligrosos fuera de las rutas y horarios autorizados. No obstante, estas medidas se han aplicado de manera restringida, principalmente en el Centro Histórico y en casos específicos. En el resto de la ciudad, no existen controles claros que regulen el tránsito de pipas y autotanques, pese a que transportan sustancias altamente inflamables.

El otorgamiento de permisos también ha tenido un crecimiento acelerado. Tan solo entre 2020 y 2025 se expidieron 63 concesiones, con picos en 2022 y 2023, años en que se autorizaron 18 y 20 respectivamente. Este aumento refleja la demanda creciente de gas LP, pero también una mayor exposición de la población a accidentes como el de Iztapalapa, donde la mezcla de vehículos en hora pico y falta de regulación derivó en una catástrofe.

En este contexto, la capital del país enfrenta un escenario complejo: por un lado, la dependencia de millones de hogares al gas LP para actividades domésticas; por otro, la vulnerabilidad generada por miles de pipas que circulan a diario en avenidas congestionadas. Sin una normativa específica que regule sus horarios y trayectos, el riesgo de que se repita un siniestro como el ocurrido en el Puente La Concordia es latente, convirtiendo a Iztapalapa y a otras zonas metropolitanas en auténticas bombas de tiempo.