Diputada incómoda

La legisladora federal morenista Hilda Araceli Brown Figueredo fue señalada por autoridades de EU por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, tras firmar como alcaldesa de Rosarito un contrato millonario con un operador de dicha organización para la adquisición de patrullas

Redacción Más

La diputada de Morena, Hilda Araceli Brown Figueredo, se encuentra en el centro de una controversia internacional luego de que autoridades de Estados Unidos la señalaron por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Documentos oficiales revelan que durante su gestión como alcaldesa de Rosarito (2021-2024) firmó un contrato millonario con Candelario Arcega Aguirre, identificado como operador de dicha organización criminal. El acuerdo, fechado el 23 de enero de 2024, ascendió a 11 millones 922 mil 158 pesos y tuvo como objetivo la compra de vehículos para reforzar la seguridad municipal.

Según la información publicada por Emeequis, el contrato de compraventa muestra la adquisición de ocho camionetas Dodge Ram 1500, cuatro de ellas con motor V6 y cuatro con motor V8, todas del año 2023. Las unidades serían equipadas como patrullas con sirenas, luces estroboscópicas, defensas, pintura especial, rotulación y una banca metálica en la caja. La operación se realizó por adjudicación directa, lo que permitió al gobierno local omitir el proceso de licitación. El documento está firmado por la entonces alcaldesa Araceli Brown y por Arcega Aguirre, quien incluso recibió un aviso oficial de que había ganado el contrato.

El mecanismo de pago quedó estipulado en dos partes: la primera al momento de la firma y la segunda al recibir los vehículos. Además, el proveedor debía entregar una fianza del 10% para garantizar el cumplimiento del contrato y otra del 50% por el anticipo. Las unidades estaban amparadas por una garantía de fábrica de tres años o 60 mil kilómetros. Esta transacción se suma a los señalamientos de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, que acusa a Brown y a Arcega Aguirre de operar una red de lavado de dinero con influencia directa en el municipio de Rosarito.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que aplicó un bloqueo administrativo a las cuentas bancarias de la legisladora. Sin embargo, Brown declaró sentirse sorprendida y negó que sus recursos estén congelados. A pesar de su postura, la OFAC elaboró un mapa de relaciones donde la exalcaldesa aparece vinculada a integrantes de la facción de Los Mayos, brazo del Cártel de Sinaloa.

En un comunicado, el Departamento del Tesoro detalló que “los hermanos Arzate también han utilizado la influencia política de González y de otro agente político afiliado al Cártel de Sinaloa, Candelario Arcega Aguirre, para corromper y ejercer control sobre el gobierno municipal de Rosarito, específicamente sobre la exalcaldesa Hilda Araceli Brown Figueredo”.

La polémica se intensifica por la coincidencia entre las acusaciones y la operación administrativa realizada desde el ayuntamiento. Según autoridades estadounidenses, estas acciones forman parte de una estrategia más amplia para infiltrar estructuras políticas locales mediante contratos públicos, lo que habría facilitado al crimen organizado el control territorial y financiero en municipios clave de Baja California.

La sanción contra la diputada se dio a conocer junto con un amplio paquete de medidas emitidas por la OFAC contra empresas mexicanas presuntamente vinculadas al Cártel de Sinaloa. Entre los negocios enlistados se encuentran JR Alimentos del Mar, Grupo JRCP, Sabor Tapatío, Gotoco Alimentos Procesados, Grupo Hotelero JJJ, Complejo Turístico JJJ, Operadora de Espectáculos, Alimentos y Bebidas J&R, Sunset Servicios Gastronómicos, JJ Gonver, Veintiuno Mexicali, Coco Beach Bar y Cavally Antro & Bar, así como una empresa de transporte urbano en Mexicali.

Todas estas compañías fueron señaladas de fungir como fachada para el tráfico de drogas y el blanqueo de capitales, y ya fueron sancionadas mediante el congelamiento de activos en territorio estadounidense. Según el Departamento del Tesoro, esta ofensiva representa uno de los golpes más significativos contra la facción de Los Mayos en lo que va del año.

La situación de Brown no solo impacta en su imagen política, sino que también podría abrir un frente legal tanto en México como en Estados Unidos. Mientras ella insiste en que no ha cometido irregularidades, las investigaciones en curso y los documentos oficiales apuntan a una relación estrecha entre su administración municipal y personajes ligados al crimen organizado, lo que mantiene a Rosarito y a la política bajacaliforniana bajo el escrutinio internacional.