¿Omerta en la Marina?

Una cadena de muertes entre mandos navales y funcionarios aduaneros ha generado sospechas de un pacto de silencio. La institución está en medio de crisis por contrabando de combustibles

Ciudad de México, 10/09/25 (Más).- La cadena de muertes de mandos navales y funcionarios ligados al control aduanero, sumada a recientes detenciones por contrabando de combustibles, ha encendido las alarmas sobre un posible pacto de silencio o “omerta” en torno al llamado huachicol fiscal.

Un caso relevante reciente es el del capitán de navío Abraham Jeremías Pérez Ramírez, hallado muerto el pasado 8 de septiembre en instalaciones portuarias de Altamira, Tamaulipas. Aunque la versión oficial apunta a un posible móvil personal y asegura que no hay certeza de su involucramiento en irregularidades, un testigo protegido lo había señalado por recibir sobornos para facilitar descargas ilegales de diésel.

De acuerdo con información publicada por El País, esta crisis estalla cinco años después de que el gobierno federal depositara la confianza en Ejército y Marina para combatir la corrupción en las aduanas. Sin embargo, pese a decomisos que suman 46 millones de litros de combustible desde 2020, solo en 2024 habrían ingresado al mercado mexicano más de 18 mil millones de litros de manera ilegal, según estimaciones de la consultora Petro Intelligence.

Las muertes violentas de oficiales y la infiltración criminal en las aduanas alimentan la percepción de una “omerta” que mantiene en silencio a la institución naval.

Al hallazgo de Pérez Ramírez se suma el de Adrián Omar del Ángel Zúñiga, quien el 9 de septiembre de 2025 fue encontrado sin vida en Puerto Peñasco, Sonora, durante una práctica de tiro. Aunque la Marina lo catalogó como un accidente, su nombre apareció en listados de muertes relacionadas con las investigaciones de huachicol debido a su paso por la Aduana de Manzanillo.

En años anteriores también se registraron hechos violentos.

En mayo de 2023, el capitán Sergio Emmanuel Martínez Covarrubias, administrador de la aduana de Manzanillo, fue asesinado apenas dos semanas después de asumir el cargo.

En noviembre de 2024, el contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, quien denunció una red de corrupción en aduanas presuntamente encabezada por los hermanos Farías Laguna, corrió la misma suerte.

El epicentro de las investigaciones actuales recae en el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y en su hermano Fernando, acusados de liderar una estructura que permitió la entrada de combustible ilegal a través de puertos como Altamira y Manzanillo.

En marzo pasado, tras el aseguramiento de un buque con más de 10 millones de litros de diésel, fueron detenidas 14 personas, entre ellas seis marinos, aunque Fernando Farías permanece prófugo. La situación se complica porque ambos son familiares políticos de José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Los datos oficiales revelan que la mayoría de los decomisos se concentran en Tamaulipas, particularmente en Nuevo Laredo, Matamoros y Reynosa, con 110 embargos que acumulan 6.4 millones de litros hasta agosto de 2025. Otros operativos se han registrado en Chihuahua, Nuevo León y Sonora. A ellos se suman incautaciones relevantes, como la de dos buques petroleros en Dos Bocas, Tabasco, con 19.5 millones de litros cada uno. Sin embargo, la magnitud del mercado ilegal hace que las cifras resulten marginales frente al volumen de contrabando.

El análisis de Petro Intelligence advierte que el contrabando fiscal persiste debido a debilidades institucionales, corrupción, baja capacidad de inspección –pues apenas el 5% de las importaciones son revisadas físicamente– y limitaciones tecnológicas para identificar químicamente los combustibles. Identifican además cuatro modalidades recurrentes: declarar el producto como otro insumo, subreportar cantidades, usar documentación falsa o introducirlo sin trámites, lo que en el argot se conoce como “contrabando bronco”.

Mientras la versión oficial insiste en que las muertes de marinos son hechos aislados y asegura que habrá “cero tolerancia” contra la corrupción, los arrestos de oficiales, la infiltración criminal en aduanas y la violencia que rodea a quienes denunciaron las irregularidades refuerzan la percepción de que una “omerta” cubre las filas navales y mantiene en silencio lo que ocurre tras los muros de los puertos estratégicos de México.