Ciudad de México, 08/09/25 (Más).- Un amplio operativo encabezado por la Agencia Nacional de Aduanas de México y la Fiscalía General de la República ha derivado en la preparación de más de 200 solicitudes de órdenes de aprehensión contra funcionarios de distintas aduanas, así como empresarios y elementos de las fuerzas armadas, por su presunta implicación en el contrabando sistemático de combustible, conocido como huachicol fiscal.
Según publica el diario El Universal, que cita fuentes federales, entre los señalados figura el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, quien aparece como socio mayoritario de la empresa Ingemar, S.A. de C.V., relacionada con el decomiso de 15 millones de litros de combustible ilegal en Coahuila, efectuado el pasado 7 de julio por autoridades federales y locales. La FGR ha vinculado a esta empresa con operaciones irregulares de importación de hidrocarburos.
Las detenciones se han desplegado de forma escalonada desde principios de agosto y abarcan personal civil y militar adscrito a aduanas en distintos puntos del país. Algunas de las órdenes ya fueron ejecutadas, mientras otras siguen en trámite ante jueces de diversas entidades. El proceso se mantiene bajo reserva debido a la confidencialidad de las investigaciones.
El pasado domingo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó la captura de 14 individuos relacionados con este tipo de operaciones ilegales. Entre ellos se encuentran marinos en activo y retirados, empresarios y exfuncionarios aduanales. Estas detenciones se suman a la suspensión previa de agentes en aduanas como Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo y Ensenada.
Según datos obtenidos por El Universal, se prevé que en los próximos días se liberen nuevas órdenes de aprehensión dirigidas a empresas implicadas en la distribución y comercialización del combustible ingresado de forma irregular al país. Entre ellas destaca Ingemar, empresa que cambió su objeto social en 2019 para dedicarse al sector energético y obtuvo en 2023 un permiso para importar hasta 500 millones de litros de combustibles, pese a las restricciones vigentes durante el sexenio anterior.
Ruffo Appel declaró que está dispuesto a colaborar con las autoridades si es requerido. En entrevista previa con El Universal, aseguró que la empresa no tiene responsabilidad directa en los actos investigados y que la comercialización del combustible se realiza a través de Crismón Hidrocarburos y Derivados, compañía que fue asignada por la Comisión Reguladora de Energía.
Los informes recabados por la FGR revelan un esquema de operación basado en la simulación documental. Funcionarios declaraban la entrada de productos químicos como aditivos, aceites o desechos industriales, cuando en realidad se trataba de hidrocarburos. Esta estrategia permitió evitar el pago de impuestos, con el apoyo de redes internas en las aduanas.
El uso de embarcaciones internacionales para introducir el combustible ha sido una constante. Casos como los del High Challenge, Torm Agnes y Challenge Procyon, todos detenidos en marzo en el puerto de Tampico, muestran el alcance de esta operación. En conjunto, se intentó ingresar más de 80 millones de litros de combustible, bajo declaraciones de productos no fiscalizados.
En rutas terrestres, la estrategia también fue detectada. El 23 de junio, en Nuevo Laredo, se decomisaron 80 pipas y 100 carrotanques cargados con más de 20 millones de litros, disfrazados en la documentación como aceite quemado y residuos industriales.
Las autoridades mexicanas han reforzado los operativos en aduanas fronterizas y portuarias con el apoyo de la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional. Desde 2020, las 49 aduanas del país están bajo custodia de estas dependencias, pero las investigaciones recientes indican que los esquemas de corrupción han continuado y evolucionado.
El gobierno federal ha puesto bajo vigilancia a empresas importadoras y comercializadoras de hidrocarburos, cuyas actividades están reguladas por permisos otorgados por la extinta Comisión Reguladora de Energía. De casi mil solicitudes tramitadas en los últimos años, solo poco más de la mitad siguen vigentes.
De acuerdo con la SSPC, el combate al huachicol fiscal continuará en las próximas semanas con nuevas detenciones y sanciones, mientras se desmantela una red que, según las indagatorias, operó con complicidad de actores tanto públicos como privados, y que generó ganancias millonarias a costa del erario.
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