Jalisco, el hoyo negro de las desapariciones

El territorio jalisciense concentra el mayor número de personas desaparecidas en México, con más de 15 mil casos registrados y una crisis agravada por la violencia criminal, la impunidad y la respuesta desigual del Estado. Colectivos denuncian que las herramientas tecnológicas sólo se aplican en casos mediáticos, mientras la mayoría enfrenta omisión institucional

Redacción Más

Jalisco se mantiene como el estado con mayor número de personas desaparecidas en el país. De acuerdo con datos oficiales divulgados por Infobae, acumula más de 15 mil denuncias, lo que lo convierte en el epicentro de la crisis nacional en esta materia.

A lo largo de la última década, las cifras han continuado en aumento, en un contexto donde los colectivos denuncian impunidad, desinterés institucional y un uso desigual de las capacidades técnicas disponibles para la búsqueda de personas.

El Sistema Estatal de Información sobre Víctimas de Desaparición (Sisovid) reporta 15 mil 838 denuncias, mientras que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas registra 15 mil 523. De estos casos, 14 mil 27 corresponden a hombres y mil 811 a mujeres. Cinco municipios concentran casi la mitad de los expedientes: Zapopan con 2 mil 828, Guadalajara con 2 mil 678, Tlajomulco con mil 553, San Pedro Tlaquepaque con mil 268 y Tonalá con 683.

Según Infobae, especialistas atribuyen la magnitud del problema en Jalisco a la operación del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la disputa entre grupos criminales, la explotación sexual y laboral, así como a la participación de autoridades locales. Esta combinación de factores ha provocado una situación que organismos internacionales califican como sistemática y generalizada.

Colectivos de búsqueda en el estado han denunciado que la respuesta de las autoridades es desigual. Aseguran que, cuando un caso obtiene alta cobertura mediática, se aplican tecnologías como el rastreo telefónico, el análisis de geolocalización o la revisión de cámaras de vigilancia. Sin embargo, la mayoría de los expedientes no recibe estas herramientas, lo que demuestra una falta de voluntad política más que de capacidad técnica.

Naciones Unidas ha señalado la necesidad de reconocer a las familias como aliadas en el proceso de búsqueda, garantizar su protección y asegurar la activación inmediata de los protocolos correspondientes. También ha insistido en que las acciones deben tener una perspectiva diferenciada, atendiendo las particularidades de cada caso, ya sea por edad, género, condición de discapacidad o situación migratoria.

Entre 2023 y 2024, las desapariciones de niñas y mujeres en Jalisco aumentaron entre 20.5 y 23%, según los registros más recientes. Colectivos y analistas vinculan este crecimiento con el uso de plataformas digitales como videojuegos y redes sociales, desde donde grupos delictivos contactan y reclutan a adolescentes.

En febrero de 2025, el Colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco localizó el cuerpo de una persona en una fosa clandestina en el Cerro del Cuatro, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque. Este hallazgo es uno de los más recientes en una entidad que ha concentrado búsquedas comunitarias constantes y en la que el trabajo de las familias ha resultado esencial ante la omisión estatal.

La crisis también se manifiesta en la acumulación de cuerpos sin identificar. Hasta 2022, en México había más de 52 mil cuerpos no identificados en fosas comunes, instalaciones forenses, universidades y centros de resguardo. A ello se suman miles de fragmentos recuperados de fosas clandestinas, lo que hace aún más compleja la labor de identificación.

Expertos de Naciones Unidas han estimado que serían necesarios 120 años para identificar todos los cuerpos, sin contar los restos que se siguen hallando cada día. El país acumula más de 5 mil 600 fosas clandestinas y enfrenta una tasa de impunidad cercana al 99% en los casos de desaparición.

Aunque existen protocolos de búsqueda, la ONU ha advertido que su aplicación presenta múltiples fallas. Las investigaciones suelen iniciarse con retraso, las víctimas son criminalizadas y las familias enfrentan desconfianza institucional, lo que agrava aún más la crisis humanitaria. En este contexto, la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas expone nuevamente la dimensión del problema. Como lo ha documentado Infobae, México enfrenta una emergencia prolongada, con miles de personas desaparecidas, herramientas tecnológicas subutilizadas y una impunidad estructural que permanece intacta.