Pretenden homologar las penas por extorsión en todo México y combatir la impunidad generada por legislaciones estatales dispares
Ciudad de México, 10 jul (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, envió el jueves una reforma constitucional al Congreso para combatir el delito de extorsión, que se ha convertido en uno de los delitos de mayor crecimiento en el país. El objetivo de los cambios propuestos es homologar las penas y sanciones a nivel nacional.
“Las autoridades del Estado mexicano tenemos la obligación política, ética y social de reconocer que la extorsión es un delito de alto impacto, cuya prevención y combate han sido insuficientes en todos los órdenes de gobierno”, admite Sheinbaum en su exposición de motivos.
La propuesta, que modifica el artículo 73 de la Constitución mexicana, permitiría al Congreso mexicano expedir una ley general en materia de extorsión, con el fin de establecer una base común que evite disparidades entre los códigos penales estatales.
Actualmente, la extorsión se sanciona de manera distinta en cada estado del país, lo que, según el Ejecutivo, ha dificultado su persecución y propiciado la impunidad.
Hasta ahora, las penas por incurrir en la extorsión van de cuatro y hasta treinta años de prisión en distintos estados mexicanos, mientras que el rango de las multas pueden ir desde los 36,000 pesos y hasta los 340,000.
De acuerdo con el documento enviado al Poder Legislativo, la falta de uniformidad normativa genera una dispersión en las tipificaciones y sanciones que se traduce en deficiencias procesales, escasa colaboración entre autoridades y, en consecuencia, en un bajo índice de judicialización del delito de extorsión.
“Una problemática que se presenta para el combate eficaz de este delito a nivel nacional es la falta de homologación de las penas (…) Mientras que en el ámbito federal la penalidad es de dos a ocho años, en Oaxaca las penas van de uno a tres años, y en Chihuahua oscilan entre cinco y 30 años. Esta disparidad debe de ser corregida”, reza el documento.
La reforma busca que la Federación tenga competencia para definir las modalidades de la extorsión –como la telefónica, digital, presencial o mediante amenazas– y establecer penas mínimas y máximas comunes, así como protocolos de actuación para las fiscalías y policías en todo el país.
Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al cierre de 2024 se acumularon 10,804 víctimas de extorsión, en tanto que el promedio diario de incidencia promedió las 29.77 víctimas diarias en enero de 2025, lo que significó un alza del 57.62% en los últimos seis años.
El pasado domingo, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, presentó la Estrategia Nacional contra la Extorsión y apuntó que en la actual administración ocho estados de México acumulan el 66% de las extorsiones a nivel país.
Precisó que los estados son el Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, Guerrero y Michoacán, y dentro del plan se establecerá el número 089 para atender denuncias de extorsión, con énfasis en la importancia de la protección de la identidad de la víctima, con operadores especializados.
La Estrategia se implementará a nivel país y será reforzada con la participación de otras instituciones como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF-SHCP), la cual será la encargada del congelamiento de cuentas bancarias identificadas como depositarias de cobros de extorsiones, indicó García Harfuch.
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