Ciudad de México, 10/07/25 (Más).- Desde las cuentas oficiales del partido Morena y de su dirigente Luisa María Alcalde, así como en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se ha reiterado la exigencia de que Jorge Romero renuncie a la dirigencia nacional del Partido Acción Nacional (PAN), luego de que el panista lanzara un reto público relacionado con la reciente Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
El miércoles, Morena publicó en su cuenta de X un mensaje en el que acusó a Jorge Romero de difamar la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión sin fundamentos. En el mismo mensaje se afirmó: “Eso es no tener calidad moral”. La publicación fue acompañada por una imagen en la que se lee: “Van 6 días sin que Romero renuncie”, en referencia al reto que el propio dirigente panista lanzó a la presidenta Sheinbaum y que, según los morenistas, ya habría sido desmentido.
La controversia se originó la semana anterior, cuando Jorge Romero, en una conferencia de prensa, retó a la presidenta a demostrar que la nueva legislación no permite a las autoridades solicitar la geolocalización en tiempo real de cualquier persona sin orden judicial.
“Renuncio a la presidencia del PAN si ella puede demostrar que es falso cuando decimos que ahora la autoridad que quiera, de seguridad y procuración de justicia, puede pedirles a las telefónicas, a los operadores de tu celular, tu ubicación en tiempo real sin que medie orden judicial”, dijo Romero.
En esa misma conferencia, estuvo acompañado por los dirigentes de los 32 comités directivos estatales del PAN, así como por secretarios del Comité Ejecutivo Nacional y líderes parlamentarios del Congreso de la Unión.
Durante su intervención, el dirigente panista afirmó que con la legislación aprobada, el Estado tiene capacidad de espiar y censurar a la población. “Vamos en ruta hacia el totalitarismo en este país. Lo estamos diciendo en julio del 2025. Estamos conduciéndonos a un gobierno totalitario con las reformas que se aprobaron recientemente por el bloque del oficialismo en el Congreso de la Unión”, sostuvo Romero.
Las declaraciones generaron una inmediata respuesta por parte de figuras del partido Morena. El 4 de julio, Luisa María Alcalde publicó en su cuenta de X una respuesta directa al dirigente panista. “En el PAN la palabra no vale nada”, escribió la dirigente morenista, quien además le sugirió a Romero revisar los materiales que él mismo comparte.
“Claro que no lo hará porque tendría que renunciar. Pero Jorge, no te preocupes, aquí te dejo resaltado en verde lo que omitiste mencionar, que deja muy claro y con más precisión: se requiere de una orden judicial para hacer un seguimiento georreferenciado de un equipo móvil”, añadió Alcalde.

Las menciones sobre el tema también se realizaron en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum. Durante el ejercicio informativo, se reiteró que la ley en cuestión mantiene la exigencia de orden judicial para procedimientos relacionados con la localización en tiempo real de dispositivos móviles.
Hasta ahora, Jorge Romero no ha emitido un posicionamiento oficial respecto a la exigencia de su renuncia. Tampoco ha confirmado si mantiene su reto en los términos originalmente planteados ni si reconoce la interpretación legal que han difundido tanto el gobierno federal como los legisladores de Morena.
Por parte del Partido Acción Nacional, no se ha difundido ninguna postura institucional que aclare si las declaraciones de Romero representan el posicionamiento oficial del partido o si existe algún análisis legal interno sobre el contenido de la legislación aprobada.
Morena ha insistido públicamente en que las afirmaciones del dirigente del PAN carecen de sustento. En las últimas publicaciones difundidas en redes sociales, el partido ha reforzado su narrativa de que el reto fue respondido y que, en consecuencia, Jorge Romero debería cumplir con su palabra de dimitir de la dirigencia.
A seis días de los hechos, el intercambio entre ambas fuerzas políticas continúa sin resolución definitiva. No se han presentado documentos oficiales adicionales que aclaren el alcance de la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión más allá de los posicionamientos ya expuestos por los actores involucrados. La exigencia de Morena representa uno de los más recientes episodios de confrontación entre el partido en el poder y la dirigencia nacional del PAN, en el contexto de la discusión pública sobre reformas legislativas impulsadas por el bloque mayoritario en el Congreso de la Unión.
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