Ciudad de México, 08/07/2025 (Más) – La gentrificación ha dejado de ser un concepto académico para convertirse en una experiencia cotidiana en ciudades como la Ciudad de México, donde los efectos del fenómeno son visibles en el alza de precios de la vivienda, el desplazamiento de vecinos, la transformación de barrios tradicionales y la pérdida de acceso a bienes y servicios esenciales. Tras la protesta del 4 de julio en la capital del país, el debate se reactivó en redes sociales, donde se discuten sus causas, sus responsables y las posibles soluciones.
A pesar de que la llegada de nómadas digitales o las plataformas de alojamiento temporal como Airbnb han recibido mucha atención mediática, especialistas coinciden en que la gentrificación es un fenómeno estructural, producto de múltiples factores: déficit de vivienda, especulación inmobiliaria, falta de regulación en el mercado de rentas, crecimiento urbano desordenado y desigualdad económica. Para Carla Escoffié, especialista en derecho a la vivienda, el problema radica en la llegada de grupos con mayor poder adquisitivo a zonas con población de menores ingresos, lo que inevitablemente conlleva al desplazamiento. “No hay gentrificación positiva”, afirma. “Se puede mejorar la calidad de vida sin expulsar a nadie”.
La gentrificación transforma barrios enteros. Las viviendas que antes eran asequibles son reformadas y puestas en alquiler a precios elevados. Tiendas de abarrotes y servicios comunitarios son reemplazados por cafeterías de especialidad o comercios orientados a un consumidor con mayor poder adquisitivo. Esto no solo impacta a quienes rentan, que son más vulnerables a los aumentos, sino también a propietarios con ingresos bajos que ven su entorno transformarse a un ritmo que no pueden sostener.
En el caso de México, la pandemia de Covid-19 aceleró este proceso. La posibilidad de trabajar en remoto trajo a miles de extranjeros con ingresos en dólares a vivir en zonas como la Roma, la Condesa o el Centro Histórico, desplazando a residentes que no pueden pagar rentas de 15 o 20 mil pesos mensuales. Según datos de BBVA, entre 2016 y 2022, el precio de venta de inmuebles en México creció 58.4%, mientras que el ingreso laboral solo aumentó 4.1%. En la Ciudad de México, la renta promedio pasó de 14 mil pesos en 2018 a 19 mil en 2025. En paralelo, el déficit de vivienda alcanza los 1.2 millones de unidades, y cerca del 46% de las viviendas son rentadas por falta de acceso al crédito.
Aunque algunas políticas públicas buscan mitigar el problema, los resultados han sido limitados. La administración capitalina ha anunciado restricciones al uso de inmuebles para Airbnb, ha promovido créditos de vivienda y limitaciones en el aumento de rentas. Sin embargo, las mismas autoridades firmaron en 2022 un acuerdo con Airbnb para promover la ciudad como destino para trabajadores digitales, lo que, en opinión de expertos, contradice los esfuerzos por controlar el fenómeno.
La gentrificación no se limita a la capital. También se ha documentado en ciudades como Guadalajara, Monterrey, Mérida y Oaxaca, donde los procesos de revalorización urbana desplazan a las comunidades originales, muchas veces sin que exista una planificación urbana que garantice su permanencia. la regeneración de inmuebles históricos halor del suelo, los proyectos turísticos y la regeneración de inmuebles históricos han favorecido el cambio de perfil socioeconómico de los barrios.
El problema no es solo económico. Como explica el Programa de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, el proceso erosiona el tejido social y la riqueza cultural de los barrios, al sustituir su mezcla social por un modelo homogéneo orientado al consumo.
La gentrificación, entonces, no es simplemente el embellecimiento de una colonia. Es el resultado de un modelo de desarrollo urbano excluyente, donde la falta de una política integral de vivienda deja a millones fuera del mercado. Para revertir esta tendencia, especialistas como Escoffié insisten en la necesidad de crear bancos de suelo, fortalecer los esquemas de renta social, regular con firmeza los desalojos forzados y promover cooperativas de vivienda.
El reto es enorme: ¿cómo equilibrar el crecimiento urbano con el derecho a permanecer? ¿Cómo hacer ciudades más atractivas sin que eso implique expulsar a quienes las habitan? La respuesta, señalan expertos, no puede venir solo del mercado. Requiere voluntad política, regulación efectiva y una visión de ciudad donde vivir no sea un privilegio, sino un derecho.
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