La petrolera mexicana enfrenta impagos acumulados por cerca de 20,000 millones de dólares, lo que paraliza al sector
Ciudad de México, 19/06/25 (Más).- Petróleos Mexicanos (Pemex) enfrenta una creciente crisis financiera que ha comenzado a impactar seriamente a contratistas y proveedores, quienes denuncian impagos acumulados por cerca de 20,000 millones de dólares.
El adeudo incluye pagos retrasados por servicios ya prestados, algunos de los cuales datan de más de un año, especialmente en los estados de Campeche, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas, regiones clave para la operación petrolera del país.
La Asociación Mexicana de Empresas de Servicios Petroleros (Amespac) advirtió que, de no atenderse esta situación, el sector podría entrar en parálisis en julio próximo.
Rafael Espino de la Peña, presidente de la organización, afirmó que la principal causa de esta problemática es la falta de certeza y seriedad en los pagos, lo que impide a las empresas planificar su operación en el corto y mediano plazo.
Según Amespac, ya se han perdido 15,000 empleos debido a la falta de pagos.
“Hay muchos trabajos que ellos (Pemex) ya recibieron y no están ni siquiera registrados. No se ha atendido como debiera esta situación con la proveeduría y lo que estamos tratando de evidenciar es que no se están manejando cifras precisas. Antes se pagaba, cuando mucho, a los seis meses, ahora están tardando en liquidar más de nueve meses”, señaló Espino.
La situación ha forzado a grandes compañías a recurrir a financiamientos externos, mientras que pequeñas y medianas empresas han optado por suspender temporalmente sus actividades. De los 59 equipos de perforación que estaban en operación el año pasado, actualmente solo permanecen activos 26, según datos de Amespac.
La organización, que incluye a firmas como Grupo México, Baker Hughes y Halliburton, ha solicitado al Gobierno federal la liberación de las facturas correspondientes a servicios ya certificados en 2024, el pago puntual de servicios actuales y el diseño de un programa para liquidar los adeudos históricos. Las empresas afectadas abarcan una amplia gama de servicios, desde perforación hasta suministro de medicamentos para el personal de Pemex.
El impago se remonta a mediados del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, cuando los retrasos en el pago de facturas comenzaron a extenderse. Pese a las múltiples capitalizaciones que ha recibido Pemex por parte de la Secretaría de Hacienda, la empresa continúa enfrentando dificultades para saldar sus compromisos. En el primer trimestre de 2025, la deuda con proveedores ascendió a más de 404,000 millones de pesos, unos 20.000 millones de dólares.
Durante el actual gobierno, Pemex anunció una política de austeridad presupuestal, reorganización interna y revisión de contratos. En noviembre pasado, la empresa declaró una suspensión temporal en la contratación de nuevos proveedores, justificando la medida como parte de un análisis de eficiencia operativa y presupuestal.
En Tabasco, prestadores de servicios han protestado por los pagos atrasados de hasta un año. Luis Miguel Labardini, analista en temas energéticos, indicó que muchas empresas están cerrando, suspendiendo actividades o declarando quiebra debido a la imposibilidad de facturar sus servicios, dado que la plataforma electrónica de Pemex no ha permitido registrar nuevas facturas.
Labardini también señaló que las aportaciones financieras del Gobierno se han utilizado principalmente en el área de refinación o para reducir la deuda financiera de la empresa, sin atender el adeudo con contratistas, quienes representan el último eslabón de la cadena productiva.
La producción petrolera también ha caído. En abril de este año, Pemex produjo 1,6 millones de barriles diarios, una disminución de 8.8 por ciento con respecto al mismo mes del año anterior. Esto contrasta con el compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum de elevar la producción a 1.8 millones de barriles diarios al término de su mandato. El impago a contratistas compromete el cumplimiento de esta meta.
Ante este panorama, proveedores exigen medidas urgentes para evitar el colapso del sector, mientras el Gobierno enfrenta el desafío de reestructurar las finanzas de Pemex sin paralizar la operación energética nacional. La presión crece, tanto por parte de los empresarios afectados como de las comunidades que dependen del empleo generado por la industria petrolera.
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