Ciudad de México, 28/05/25 (Más).- En los juzgados familiares del sistema escrito de la capital del país, el colapso operativo es una realidad cotidiana.
Adriana, empleada administrativa del Poder Judicial de la Ciudad de México, inicia su jornada a las 7 de la mañana sin tener certeza de su hora de salida. La razón: una sobrecarga de trabajo provocada por la extinción de juzgados tradicionales, la acumulación de expedientes y la persistente dualidad entre el viejo sistema de justicia escrito y los juzgados orales renovados en 2024.
El edificio donde trabaja Adriana, ubicado en la avenida Juárez, opera simultáneamente con expedientes del sistema oral y del escrito. Mientras los pisos superiores procesan juicios orales con audiencias y trámites digitales, los niveles inferiores continúan arrastrando las cargas del sistema anterior. Adriana forma parte del personal asignado a estos últimos, donde atiende a decenas de personas diariamente y trabaja entre montones de expedientes en papel que se acumulan en los pasillos, invaden baños y bloquean espacios de circulación.
La saturación se agravó con la clausura de once juzgados del sistema escrito, cuyos asuntos fueron redistribuidos entre los veintidós juzgados restantes. “Antes, al año llegaban 2 mil 500 expedientes al juzgado, máximo. Pero ahora, con eso de la extinción de juzgados del sistema escrito, ya llevamos como 4 mil o 5 mil expedientes”, explicó Adriana, según publica Animal Político.
Para enfrentar la carga, el personal judicial ha tenido que sacrificar tiempo personal. “Muchas veces sacrifico mis sábados y domingos para sacar algo atrasado, o para adelantar cosas de la próxima semana. Si no, nunca terminaría”, señaló. Otra trabajadora, que solicitó el anonimato, comentó que se le pidió hacer espacio para más archivos, aunque el único lugar disponible era su propio escritorio y silla.
La saturación ha llegado al punto de que las puertas de los juzgados están cubiertas con hojas que enumeran los expedientes transferidos de oficinas cerradas. Más de 700 casos se sumaron recientemente a una unidad que ya se encontraba operando al límite.
En este contexto, los usuarios del sistema deben buscar justicia entre pilas de papeles. En medio del bullicio, una joven pareja, de 19 y 22 años, intenta negociar la custodia de su hijo. La conversación ocurre en un escritorio sin privacidad, rodeados de funcionarios, abogados y música que emana del celular de una empleada. “Lo que construimos se acabó, se lo lleva el viento”, se escucha mientras los padres debaten su acuerdo.
La falta de espacios adecuados obliga a los interesados a buscar las esquinas del juzgado para hablar en voz baja con sus representantes legales. Mientras tanto, otros usuarios alzan la voz, como un hombre que exige ser recibido por la jueza y amenaza con acudir al órgano interno de control. “¡No puede ser que la jueza no me reciba, desde que era secretaria de acuerdos!”, reclama. Finalmente, es atendido por un subordinado.
De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Impartición de Justicia Estatal 2023, en México existen más de seis millones de expedientes y causas penales pendientes de atención en los sistemas judiciales locales, que abarcan las materias civil, familiar, mercantil y penal. Sin embargo, sólo se logra resolver el 31% de estos casos.
Este escenario refleja un colapso silencioso del sistema judicial local, donde el hartazgo, la lentitud y la falta de condiciones dignas afectan tanto a trabajadores como a ciudadanos. Al final de su jornada, Adriana resume la rutina con resignación: “Si me va bien, salgo de trabajar a las 8:30 de la noche, pero en los peores casos salgo hasta las 12 de la noche”.
La justicia local, que debería ser el primer eslabón para resolver los conflictos cotidianos de la población, opera así bajo condiciones precarias que comprometen su eficiencia y acceso efectivo, arrastrando un rezago que, hasta ahora, ninguna reforma ha logrado resolver.
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