En un rancho del exgobernador de Chihuahua fue localizada infraestructura construida sin autorización
Ciudad de México, 28/05/25 (Más).- La Comisión Nacional del Agua (Conagua) denunció a César Duarte Jáquez, exgobernador de Chihuahua, por el uso ilegal de agua mediante la construcción sin permisos de una presa, cinco represas y un pozo dentro de un rancho de su propiedad.
Efraín Morales López, titular del organismo, presentó la acusación durante la conferencia matutina del gobierno federal, donde mostró imágenes de las estructuras hidráulicas que almacenaban alrededor de 700 mil metros cúbicos de agua.
De acuerdo con Morales, las obras fueron edificadas sin contar con las autorizaciones correspondientes y se detectaron pozos que también eran explotados sin concesión.
“Resulta lastimoso que en un estado como Chihuahua, donde se tienen grandes carencias derivado del cambio climático… que haya un ex gobernador que intente beneficiarse, cuando hay un gran número de productores que no pueden llevar a cabo la siembra de sus cultivos”, señaló.
La Conagua informó que el pasado lunes se notificó a Duarte sobre el inicio de un procedimiento para demoler las instalaciones, y el martes comenzaron los trabajos. Sin embargo, estos fueron suspendidos tras una suspensión provisional otorgada por la jueza Madhay Soto Morales mediante un juicio de amparo indirecto promovido por la defensa del ex mandatario.
El titular de la Conagua aseguró que se continuará con los procedimientos judiciales y administrativos necesarios.
“Vamos a presentar todos los procedimientos legales contra quienes resulten responsables, ya sea de manera directa o complicidad para que este tipo de abuso se siga cometiendo”, afirmó Morales.
El funcionario agregó que este caso es representativo de prácticas que se realizaron durante el periodo neoliberal bajo el amparo del poder político y económico.

Durante la conferencia, la presidenta Claudia Sheinbaum respaldó la acción del organismo y subrayó que uno de los ejes de su gobierno es ordenar las concesiones de agua. Recordó que durante la administración anterior ocurrió un incendio en un piso de las oficinas de la Conagua donde se encontraban los archivos de las concesiones.
“Recuerden que cuando entró el presidente se quemó un piso de la Conagua donde estaban todos los archivos de las concesiones, casualmente”, dijo.
Sheinbaum anunció que se presentará una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República en contra de Duarte por el uso ilegal del agua y contra todos aquellos que estén relacionados con este caso.
“Primero por el uso ilegal del agua, y segundo pues todos los que estén vinculados con este proceso”, añadió.

La infraestructura hidráulica construida ilegalmente fue detectada en un rancho propiedad del exgobernador, quien fue detenido en julio de 2020 en Miami por la policía local y desde entonces permanece en prisión domiciliaria. Duarte ya enfrenta procesos judiciales por delitos de corrupción cometidos durante su mandato como gobernador de Chihuahua entre 2010 y 2016.
El material audiovisual presentado por la Conagua mostró detalles de las presas y represas dentro del predio, el cual acaparaba volúmenes de agua significativos en una región que sufre escasez hídrica. Morales López enfatizó que esta concentración del recurso afecta directamente a productores agrícolas que no pueden sembrar por falta de agua.
Las autoridades reiteraron que, a pesar de la suspensión provisional, el procedimiento legal sigue en curso. La demolición de la infraestructura se reanudará en cuanto se resuelva el juicio de amparo.
Morales subrayó que se mantendrá una vigilancia estricta sobre el uso del agua en todo el país, y que este caso no será el único en investigarse si se detectan irregularidades similares.
El gobierno federal insistió en que se buscará la aplicación de la ley sin excepción, con el objetivo de garantizar una gestión equitativa y legal del recurso hídrico. Tanto la Conagua como la presidencia afirmaron que estas acciones buscan poner fin a los privilegios que permitieron a funcionarios beneficiarse de bienes públicos en detrimento de comunidades afectadas por la escasez.
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