De héroes a víctimas: policías que enfrentan extorsión reciben justicia

Toluca, 21/05/25 (Más).- Un acto de heroísmo terminó en una larga batalla judicial para cinco elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, quienes tras haber sido reconocidos en 2019 por el rescate exitoso de cuatro personas atrapadas en el volcán Xinantécatl, enfrentaron años de procesos legales para hacer valer sus derechos luego de denunciar actos de corrupción al interior de su corporación.

El rescate, que tuvo lugar en el Nevado de Toluca, activó una respuesta inmediata del cuerpo de Servicios Médicos y Apoyo a la Población de la SSEM, cuyos elementos enfrentaron condiciones climáticas extremas para salvar la vida de los excursionistas. En diciembre de ese año, el gobierno estatal celebró una ceremonia al mérito policial donde les fueron otorgadas medallas, reconocimientos y un bono económico de 52 mil 383 pesos por persona, sumando 261 mil 915 pesos en total.

Sin embargo, apenas cobraron el bono, sus mandos directos, Pedro Alberto Medina Ortega y Jesui Arrollo Martínez, les exigieron entregar una parte del premio en efectivo, bajo la amenaza de represalias administrativas. Según la denuncia, los oficiales fueron presionados para entregar 8 mil pesos cada uno, aunque los mandos solo lograron recolectar 24 mil pesos en total, provenientes de cuatro de los cinco policías.

Los afectados interpusieron una denuncia penal por abuso de autoridad, y en abril de 2021, el Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Toluca condenó a ambos mandos a 10 años de prisión. No obstante, en agosto de ese mismo año, el Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca anuló la sentencia y ordenó la reposición del proceso, favoreciendo así a los superiores sancionados.

A partir de entonces comenzó una serie de recursos legales promovidos por los policías condecorados. El Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales les concedió un amparo en abril de 2022, pero el tribunal penal reafirmó su decisión inicial de anular la sentencia. Posteriormente, en agosto de ese año, otro recurso fue declarado sin materia.

Tras una nueva revisión en febrero de 2023, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito resolvió a favor de los policías. En marzo, el Tribunal de Alzada modificó ligeramente la individualización de la pena, pero sostuvo la condena.

Sin embargo, uno de los mandos sentenciados, Medina Ortega, interpuso un juicio de amparo directo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), alegando violaciones a sus derechos humanos y falta de proporcionalidad en la pena. También cuestionó la legalidad del proceso penal y la tipificación de los delitos.

La SCJN resolvió en 2024 que la sanción impuesta era constitucional y proporcional al daño causado, debido a que el delito afecta la confianza ciudadana en las instituciones de seguridad. La Corte rechazó los argumentos de la defensa que pretendía comparar el castigo con otros delitos como el homicidio, subrayando que los actos de corrupción merecen penas severas y que no se vulneraron los derechos humanos del imputado al quedar fuera de beneficios penales por tratarse de delitos graves.

El máximo tribunal también determinó que la fiscalía sí definió adecuadamente el delito y que el imputado tuvo oportunidad de defenderse, con lo que se respetaron las garantías del debido proceso.

Así, cinco años después del operativo de rescate en el Nevado de Toluca, los policías que arriesgaron su vida para salvar otras finalmente vieron ratificada la justicia en su caso. La resolución representa un precedente en la lucha contra la corrupción institucional dentro de cuerpos de seguridad.