La lucha por la tierra en Azoyatla

Habitantes de Azoyatla, en Hidalgo, denunciaron la invasión de tierras y amenazas con armas de fuego por parte de integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, lo que ha derivado en al menos dos carpetas de investigación por intento de homicidio. La disputa se originó tras la declaratoria de 247 hectáreas como tierra nacional durante la pandemia, decisión que la comunidad no conoció a tiempo para apelar

Esta información fue publicada por Emeequis con la firma de Áxel Chávez. Para ver la publicación original presionar aquí.

Tomado de Emeequis

Pobladores de la localidad de Azoyatla denuncian la invasión de tierras e intento de despojo por parte de miembros de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA); la confrontación ha dejado dos carpetas de investigación por intentos de homicidio.

El enclave semiurbano cercano a Pachuca, el 5 de febrero vivió el feminicidio de Rosaura, los asesinatos de su mamá y su hermano a manos de un expolicía municipal, y el hallazgo de los cuerpos de dos adultos mayores también ultimados.

Primera denuncia por amenazas con arma de fuego

El 22 de enero, Jesús Gómez, esposo de una posesionaria, denunció que a finales de noviembre, sin recordar el día, cuidaba sus animales en el predio conocido como La Minuta, que se encuentra al lado de un manantial, cuando alrededor de las 11 de la mañana se acercó una camioneta Jeep negra, en la cual iba Omar Cervantes Reyes, líder local de la UNTA, acompañado de dos personas más que no reconoció.

“Omar se bajó de la camioneta y se acercó a mí diciendo que él es el dueño del terreno y que si no me salía de ahí me iba a matar. Acto seguido, sacó un arma de fuego con la que me apuntó y, al jalar el gatillo, una bala salió de una parte del arma y cayó al piso, por lo que levantó la bala y me la arrojó a la cara. Se subió a su camioneta y se fue del predio. Fue así que levanté la bala para guardarla y me percaté que estaba caliente”.

Intento de homicidio y otras agresiones

La bala se encasquilló y por eso no le disparó, afirmó Jesús en su declaración ante el ministerio público. Con esa denuncia inició la carpeta de investigación 12-2025-01017, por intento de homicidio en grado de tentativa. Existe otra (NUC 12-2025-04476), por el mismo delito, contra Cirilo Flores Martínez, y una más por agresiones y amenazas a un menor de edad que tenía 15 años cuando fue golpeado.

Desde 2014, la UNTA inició un proceso para que una extensión de 247 hectáreas se declarara tierra nacional, lo cual, denuncian los pobladores, es un modus operandi que ha aplicado esa organización en otros territorios, para quedarse con ellos.

Durante la pandemia, el gobierno le concedió la petición a la UNTA, pero a ellos, avecindados y comuneros, no les informaron. Se enteraron dos años después de lo que había sucedido y que podían haber apelado esa decisión, pero no lo hicieron porque no lo sabían y vencieron los tiempos.

Antecedentes históricos

El número 43 del Periódico Oficial del Estado de Hidalgo (POEH), con fecha 16 de noviembre de 1934, dice que por escrito del 7 de abril de 1927 los vecinos de Azoyatla solicitaron, con apoyo del artículo 27 constitucional, dotación de tierras al gobierno. El dictamen fue emitido el 21 de marzo de 1933 y el 2 de mayo el gobernador Ernesto Viveros dictó su fallo, concediendo en dotación 500 hectáreas de temporal de segunda.

Desde aquella época, las familias de la localidad poseen esas tierras. Hace 20 años se fundó la Asociación de Oriundos Posesionarios de Azoyatla A.C., que actualmente tiene 52 miembros y preside Norma Estela Flores Montiel, cuya propiedad fue invadida.

La A.C. acusó en 2014 a su presidente en turno, Hipólito Delfino Cervantes Sánchez, de hacer mal uso de apoyos de la Conafor, por lo que fue expulsado. Él fue el padre de Omar Cervantes Reyes, actual líder de la UNTA en Azoyatla.

Ocupación y vigilancia armada

Actualmente, la asociación reclama que la UNTA invadió una parte de la propiedad, que estiman es un aproximado de 15 hectáreas. Personas externas a la comunidad empezaron a hacer chozas, tienen cuatro casas, una caseta de vigilancia, y algunos están armados.

El decreto por el cual se declaró tierra nacional el predio denominado Terrenos Comunales Azoyatla, con una superficie de 247-40-05, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 10 de enero de 2020.

Procedimiento de enajenación

Mediante un escrito de julio de 2014, la líder de la UNTA Martha López Ríos y Cuauhtémoc Álvarez de la Cruz, “en su calidad de representantes de 120 personas más”, iniciaron el procedimiento de enajenación. En 2015, el delegado de Sedatu en Hidalgo, Juan Carlos Alva Calderón, pidió investigar el predio.

El 25 de septiembre, el Registro Público manifestó que no podía dar información y el Catastro de Mineral de la Reforma no localizó registro. La Sedatu siguió con medición y dictó la declaratoria.

Inconsistencias en la mediación

Aunque el DOF dice que son 247 hectáreas, el último levantamiento hecho por la A.C. arroja 194. Lo hicieron con Consorcio Constructor Hidalgo. La zona es semidesértica y boscosa, colinda con Real del Monte y San Juan Tizahuapan.

Norma Estela Flores descubrió que la tierra había sido declarada nacional al investigar para sembrar nopal. Tras Hipólito, fue nombrado Adrián Cervantes Cruz, quien supuestamente se alió con la UNTA. En 2022 entró un comité provisional, presidido por Norma Estela.

Denuncias contra la UNTA y Profepa

El 1 de diciembre de 2023, la asociación entregó un oficio a Sedatu acusando a la UNTA de provocar un incendio en El Capulín, intimidar a sus integrantes, y llevar consigo a un inspector federal de Profepa, César Sosa Ortiz.

Reclaman a Profepa un posible favoritismo en favor de la UNTA. Su denuncia se basa en que los trabajadores viajan con los líderes de la UNTA.

Cervantes Reyes es hijo de Virginia Sandra Reyes Noguez, actual regidora de Mineral de la Reforma por Morena.

Acusaciones contra regidora y respuesta del alcalde

El 2 de diciembre, la asociación entregó al presidente municipal, Eduardo Medécigo Rubio, un documento en el que manifestaban posesión quieta, pacífica, pública, continua y de buena fe de 194 hectáreas, y acusaban a la regidora y su hijo de celebrar contratos de compraventa sobre esos terrenos.

También denunciaron que cerraron el Camino a Minita, lo que ha derivado en altercados, amenazas y disparos de arma de fuego.

El alcalde respondió el 17 de enero de 2025, que el ayuntamiento no es competente para intervenir y no tiene prueba de perturbación de la posesión.

El 2 de abril, ingresaron un oficio en Palacio Nacional para solicitar el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Temor tras el feminicidio de Rosaura

Cuando ocurrió el feminicidio de Rosaura, Norma Estela reclamó al ayuntamiento: “ustedes lo que quieren son más muertos”. El crimen fue con arma blanca, pero teme que las personas armadas en el predio puedan causar más tragedias.

“Necesitamos que el gobierno nos haga justicia y sea objetivo en el trámite de enajenación de las tierras. Es un problema social estar con la UNTA en las tierras.

“Son muchas las situaciones de corrupción que se encuentran. No tienen fundamento legal para intentar invadir el predio o tierras comunales de Azoyatla”, dijo a Emeequis la presidenta de la A.C.

El 31 de agosto del año pasado, descubrió que una persona vivía en su casa. Hay una mujer por la mañana y tarde, y un joven por la noche, aunque algunos días no hay nadie. En la periferia, sin embargo, hay hombres armados.