Empresas fantasma cuestan al erario 11 mil 400 millones

Entre 2002 y 2022, al menos 834 empresas fantasma obtuvieron contratos públicos sin pruebas de cumplimiento, evidenciando un patrón persistente

Ciudad de México, 12/05/25 (Más).- Durante las últimas dos décadas, al menos 834 proveedores fantasma obtuvieron 3 mil 529 contratos con instituciones públicas en México por un total de 11 mil 492 millones de pesos, según una investigación conjunta del colectivo periodístico Quinto Elemento Lab y el Observatorio de la Corrupción e Impunidad (OCI) del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

El reporte, basado en el cruce de datos de contratos gubernamentales con el listado oficial de Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS) del SAT, documenta un patrón persistente y transexenal de desvío de recursos públicos mediante empresas fachada.

El estudio se basó en información recopilada entre 2002 y 2022, revisó expedientes de contratación, facturas, documentos probatorios, registros mercantiles y más de tres mil solicitudes de información pública.

El resultado fue la identificación de contratos a favor de compañías sin activos, personal o infraestructura, cuyos domicilios resultaron inexistentes o no correspondían con actividades empresariales reales. “Es demasiado dinero. Muchos miles de millones de pesos de los que estamos hablando”, señaló Luis Pérez de Acha, abogado especialista en fiscalización y combate a la corrupción.

El primer contrato con una empresa fantasma identificado en el estudio data de 2002, cuando la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SICT) pagó 10.4 millones de pesos a Materiales y Construcciones Villa de Aguayo por una obra vial sin pruebas de realización. Esta empresa, fundada por Fernando Alejandro Cano Martínez, fue posteriormente señalada por el SAT como inexistente y vinculada en Estados Unidos a una investigación por lavado de dinero. En total, obtuvo 774.4 millones de pesos en 28 contratos federales y estatales, muchos de los cuales carecen de documentación comprobatoria.

Durante el sexenio de Vicente Fox se firmaron 183 contratos por mil 102 millones de pesos con 40 EFOS. En el periodo de Felipe Calderón, la cifra ascendió a 5 mil 333 millones, siendo el sector energético el principal canal de recursos hacia empresas fachada. Pemex y la CFE otorgaron más de 2 mil 500 millones a compañías inexistentes. Destacó el caso de Zapata Internacional, beneficiada con un solo contrato de mil 809 millones de pesos.

Con Enrique Peña Nieto, las operaciones se diversificaron en rubros como infraestructura y educación. Se entregaron 4 mil 872 millones de pesos en 2 mil 346 contratos a 664 EFOS. Uno de los casos señalados fue el de la empresa Comercializadora Mahoy, que vendió a sobreprecio kits de estimulación infantil al Seguro Popular. Las compras también incluyeron servicios como jardinería, fumigación, papelería y promoción en redes sociales.

En el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el monto asignado a empresas fantasma fue de 182 millones de pesos en 87 contratos con 34 EFOS. Aunque menor en comparación con sexenios anteriores, expertos señalan que esto se debe más a la falta de identificación de nuevas factureras que a su eliminación. Una trabajadora del SAT confirmó que se establecieron nuevos filtros, pero también reveló que de 2014 a 2023 no se realizaron visitas físicas a los domicilios fiscales de empresas posiblemente fantasma.

Los datos indican que de las 486 entidades públicas que contrataron con EFOS, 139 repitieron este tipo de operaciones en más de un sexenio.

Entre las instituciones más recurrentes se encuentran la SICT, el IMSS, el ISSSTE, Pemex, la CFE y la Sedena. Estas entidades alternaron entre adjudicaciones directas por montos menores y licitaciones públicas por millones de pesos. Las adjudicaciones directas representaron 3 mil 341 millones, mientras que las licitaciones sumaron 4 mil 251 millones.

El análisis de una muestra representativa de mil 311 contratos, equivalentes a 7 mil 633 millones de pesos, reveló que solo 26% de los recursos tuvo respaldo documental. Más del 48% no pudo comprobarse y el resto quedó sin aclarar por causas como expedientes extraviados, información clasificada o ilegible, o respuestas evasivas por parte de las dependencias responsables.

Especialistas consultados coinciden en que estas operaciones no pudieron realizarse sin la participación de funcionarios públicos que manipularon procesos y documentación. Un informe del IMCO y el Laboratorio Latinoamericano de Políticas de Probidad señala que existió una red que generó contratos fraudulentos y avaló servicios no realizados. A pesar de ello, las sanciones han sido escasas. De las 87 empresas más relevantes, solo dos fueron sancionadas por la Secretaría de la Función Pública, y apenas una fue auditada.

El impacto del desvío de recursos mediante EFOS supera lo financiero, según Fundar. Las áreas más afectadas fueron salud, educación, infraestructura y servicios básicos. “Necesitamos recuperar los activos, el dinero producto de actos de corrupción, que regrese para beneficio de los mexicanos”, declaró Vania Pérez, presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción.

El daño al erario equivale a entregar durante 20 años 1.52 millones de pesos diarios a empresas sin existencia real. Esta práctica, aún vigente, sigue sin recibir respuestas judiciales o administrativas proporcionales a la magnitud del fraude documentado.