Guanajuato, 09/04/25 (Más).- Carlos Zamarripa Aguirre, exfiscal general del estado de Guanajuato, recibió una liquidación por más de ocho millones de pesos tras dejar el cargo el 1 de enero de 2025.
El monto incluye un finiquito por 4,264,215 pesos y una gratificación adicional de 3.922,000 pesos correspondiente a una prestación por “fidelidad”, introducida en el reglamento interno de la Fiscalía bajo su gestión. Esta modificación permitió extender beneficios a funcionarios con más de 15 años de servicio.
El partido Morena denunció que al menos otros 14 funcionarios de la Fiscalía estatal recibieron también esta prestación, elevando el total del gasto a casi 15 millones de pesos. Las cantidades otorgadas por concepto de fidelidad a los funcionarios oscilaron entre 285,000 pesos y la cifra máxima asignada al exfiscal.
Además de la liquidación, Zamarripa recibe una pensión mensual de 52,000 pesos de por vida. Según estimaciones previas de Morena, con las modificaciones al reglamento, su pensión podría alcanzar hasta los 144,000 pesos mensuales.
El Periódico Oficial del Estado de Guanajuato publicó el 1 de abril una adición al reglamento interno de la Fiscalía, que incorporó un capítulo titulado Sistema Complementario de Seguridad Social. Este nuevo esquema contempla apoyos adicionales a las prestaciones ya reguladas por la Ley de Seguridad Social, incluyendo becas educativas, apoyos para gastos médicos y funerarios, así como seguros de vida. El fundamento del capítulo señala la “condición de alto riesgo” y la “presión” que enfrentan los trabajadores de la institución.
La inclusión de estos beneficios fue señalada por el diputado local de Morena, Abraham Sotomayor, quien acusó que el propio Zamarripa reformó el reglamento en beneficio propio. “Con esta medida, el propio exfiscal Zamarripa reformaba el reglamento anterior a su beneficio. Creando un esquema que consiste en un apoyo económico a favor de los servidores de la Fiscalía y que este apoyo no existe para la mayoría de los trabajadores en el Estado de Guanajuato”, explicó Sotomayor en una denuncia pública emitida este martes.
Carlos Zamarripa ocupó el cargo de fiscal general durante casi 16 años, aunque su trayectoria en la Fiscalía estatal se extendió por más de tres décadas. Ascendió a procurador en 2009 y posteriormente fue ratificado por el Congreso como fiscal general. Su permanencia estuvo respaldada por sucesivos gobiernos estatales del Partido Acción Nacional (PAN). Durante su gestión, Guanajuato se convirtió en el estado con mayores índices de violencia, registrando un aumento del 658% en los homicidios dolosos.
A pesar de su formación en investigación criminal con el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y de contar con apoyo de agencias estadounidenses, los niveles de violencia en Guanajuato se intensificaron. La entidad registró masacres reiteradas, incluyendo el asesinato de 11 jóvenes en una posada en Salvatierra, la muerte de policías en distintos municipios, y episodios de violencia familiar y desapariciones de menores. También se reportaron agresiones frecuentes contra periodistas.
La salida de Zamarripa del cargo se concretó tras las elecciones estatales de junio de 2024, en las que Libia García Muñoz Ledo ganó la gubernatura con la promesa explícita de remover al fiscal. El 27 de septiembre de 2024, Zamarripa presentó su renuncia, en medio de crecientes críticas de la presidencia y de sectores sociales. El presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó en varias ocasiones su desconfianza hacia el fiscal.
En su despedida, Zamarripa difundió un video con elementos narrativos y musicales que destacaban su trayectoria personal. En él incluyó referencias a su origen humilde y a su trayectoria profesional, concluyendo con una frase: “Este no es el fin de su historia, Carlos Zamarripa sigue adelante, empujando los límites”.
Las implicaciones administrativas y legales de las reformas internas aplicadas durante su gestión están siendo cuestionadas por actores políticos y sociales. La prestación por fidelidad y el resto de beneficios añadidos al reglamento interno han sido objeto de señalamientos por supuestos privilegios no extensivos al resto del personal del estado.
Hasta el momento, no se ha informado si las autoridades estatales o federales emprenderán acciones legales para revisar la legalidad de los cambios realizados al reglamento interno de la Fiscalía. La situación ha generado un debate sobre la necesidad de limitar las facultades de funcionarios en cargos de alta dirección para modificar reglamentos en beneficio propio.
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