Toluca, Estado de México, 31/03/25 (Más / IA).- Detrás de jardines impecables, dormitorios ordenados y comedores bien surtidos, las casas hogar operadas por la organización Ayudante al Niño IAP en el Estado de México esconden décadas de abusos y maltratos sistemáticos contra menores de edad, según revela una investigación de Quinto Elemento Lab.
La institución, financiada por iglesias cristianas de Estados Unidos y con presencia en la entidad desde 1967, enfrenta denuncias por violencia física, abuso sexual e imposición religiosa ocurridas entre 1992 y 2022.
Durante más de 30 años, las denuncias de decenas de niñas, niños y adolescentes fueron ignoradas por el personal de la organización y por su director ejecutivo, Steve Ross, ciudadano estadounidense que ha dirigido la institución mientras se acumulaban las agresiones.
La negligencia de las autoridades mexicanas también ha sido persistente: desde 2017, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del Estado de México y la Junta de Asistencia Privada (Japem) tenían conocimiento de denuncias por abuso sexual, pero no presentaron acciones penales, a pesar de haber documentado los casos.
El punto de quiebre se produjo en 2021, cuando 11 niñas denunciaron formalmente los abusos cometidos por su cuidador, Javier C. Lejos de garantizar su protección, el DIF decidió mantenerlas en la misma casa hogar. Hasta marzo de 2025, cuatro de ellas aún residían en ese lugar.
Javier C. fue detenido en abril de 2022. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México abrió más de cinco carpetas de investigación, pero solo una derivó en un proceso penal con sentencia. En 2024, fue condenado a once años de prisión por violación agravada.

La investigación periodística revela que al menos 20 menores fueron víctimas de abuso sexual en las casas hogar de la organización, y que siete presuntos agresores están implicados en los hechos. No obstante, Javier es el único que ha sido procesado y sentenciado hasta el momento.
Los casos ocurrieron en un contexto de omisión institucional prolongada, en el que las denuncias de víctimas y excolaboradores fueron sistemáticamente desestimadas.
A pesar de contar con recursos económicos y una imagen pública de bienestar y cuidado infantil, las casas hogar de Ayudante al Niño IAP se convirtieron en un espacio donde la violencia y la impunidad operaron durante décadas con el silencio de las autoridades.
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