Por Leopoldo Maldonado
La reciente disolución del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) representa un golpe a la transparencia y la rendición de cuentas en México. El jueves 20 se consumó con la apurada aprobación de la nueva Ley General de Transparencia en la Cámara de Diputados y su publicación. Este organismo, que durante años fungió como pilar en la lucha contra la opacidad gubernamental, no sin disputas políticas y constantes intentos de captura, ha sido desmantelado en un proceso marcado por la incertidumbre laboral, la exclusión institucional y decisiones que deterioran el derecho a saber.
La desaparición del INAI no sólo deja un vacío institucional, sino que también revela una profunda descomposición interna. Más de 700 trabajadores quedaron varados en un limbo burocrático durante meses, sin certezas sobre sus finiquitos ni sobre su futuro. Ante la falta de respuestas, las protestas estallaron, llevando incluso al cierre de vialidades tanto a las afueras del Instituto en vías de extinción como a las afueras de la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno.
Pero lo más simbólico fue lo ocurrido durante una de las últimas sesiones del pleno: un grupo de trabajadoras intentó ingresar para manifestarse pacíficamente… y no pudo siquiera encontrar dónde sesionaban las comisionadas y comisionado. Las puertas estaban atrancadas con palos de madera, un policía resguardaba los accesos desde adentro. El pleno del órgano garante de la transparencia tuvo que sesionar a escondidas de su propio personal. Lo que debió ser una institución abierta terminó actuando como si fuera una célula clandestina.
La intervención tardía de la nueva Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, autorizando finiquitos tras semanas de presión, sólo evidenció el desprecio institucional hacia los trabajadores que, por años, dieron legitimidad al INAI desde la trinchera administrativa. Lo peor es que todo esto sobrevino ante una decisión adoptada por la mayoría de comisionadas del INAI de no avalar los finiquitos propuestos por el comisionado Alcalá.
Además de la incertidumbre laboral, el desmantelamiento trae nuevas consecuencias jurídicas graves. Según el recién publicado Reglamento de la Secretaría encabezada por Raquel Buenrostro, durante al menos 45 días hábiles, no se tramitaron recursos de revisión por parte de la ciudadanía. Esto significa que toda persona a quien le sea negada información pública quedará sin mecanismos de defensa durante dos meses.
Peor aún, el Vigésimo Transitorio de la nueva Ley de Transparencia congela los juicios de amparo relacionados con el acceso a la información por 180 días naturales debido al impasse generado por la creación de nuevos tribunales especializados en transparencia. Esta suspensión del ejercicio de derechos constitucionales –en este caso, el derecho a un recurso efectivo para la protección de derechos– es inaceptable en una democracia.
Organizaciones civiles lo han dicho claro: México ha dado un paso atrás. Y lo ha hecho de forma deliberada, sin participación ciudadana y con una ley que parece diseñada para ocultar información. La supeditación al Ejecutivo del órgano “Transparencia para el Pueblo”, compromete seriamente la autonomía e independencia real en la vigilancia del derecho a la información. Las nuevas disposiciones amplían las causales para reservar información pública, especialmente en temas relacionados con megaproyectos gubernamentales. De hecho, se integra un gelatinoso concepto de “interés del Estado” para reservar la información, que no es otra cosa que la razón de Estado, y por tanto, la discrecionalidad absoluta.
La escena del órgano garante de la transparencia escondiéndose de sus propios trabajadores será difícil de borrar. No sólo es el epitafio de una institución, es el retrato de un modelo de país que prefiere el control vertical antes que el escrutinio ciudadano. El INAI muere en medio de reyertas personales entre las personas comisionadas que lo integraron hasta el final de sus días. Fallece convulsionado y defenestrado, resultado de los ataques constantes y la asfixia en escalada a la que fue sometido desde el gobierno de AMLO: primero se le quiso paralizar dejándolo sin comisionados, después se consumó su extinción con el llamado Plan C.
El mensaje es claro: en la era de la opacidad a la carta, el Gobierno se reserva el derecho de decirnos lo que quiere y de esconder lo que más importa. El derecho a saber se ha reducido a una concesión graciosa del Estado.
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