Ciudad de México, 19/02/2025 (Más / IA).- En medio de recortes presupuestales, adeudos y limitaciones operativas, los organismos electorales de 17 estados del país enfrentarán el reto de organizar elecciones judiciales locales el próximo 1º de junio, además de los comicios federales para renovar 881 cargos del Poder Judicial Federal.
La situación es especialmente crítica en los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) de Zacatecas, Colima y San Luis Potosí, clasificados por el Instituto Nacional Electoral (INE) como “de alto riesgo presupuestal”. También presentan dificultades económicas Tamaulipas, Ciudad de México y Quintana Roo, considerados en “riesgo medio” de cara a los comicios.
A estas elecciones judiciales se sumarán las de Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Estado de México, Michoacán, Sonora, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz, que reformaron sus constituciones locales para incluir la votación de jueces y magistrados. Nayarit podría integrarse a la lista, tras modificar su carta magna el pasado 27 de enero, aunque no alcanzó a ser considerado en el acuerdo del INE debido a plazos establecidos previamente.
El más reciente Informe sobre la Situación Presupuestal de los OPLE, presentado ante el Consejo General del INE, evidencia que en la mayoría de las entidades los congresos locales, donde Morena y sus aliados tienen mayoría, aplicaron recortes significativos a los recursos solicitados por las autoridades electorales.
Entre los estados con procesos judiciales y los mayores ajustes presupuestales destacan Colima, con una reducción del 68.9% respecto a lo solicitado; San Luis Potosí, con un 67.8%; Zacatecas, con 65.9%; Tamaulipas, con 53.9%; Aguascalientes, con 31.2%; Ciudad de México, con 29.2%; Veracruz, con 24.5%; Quintana Roo, con 23.9%; Estado de México, con 18.5% y Tabasco, con 12.8%.
En contraste, los OPLE de Baja California, Coahuila, Chihuahua, Durango, Michoacán, Sonora y Tlaxcala no registraron reducciones significativas en sus presupuestos.
El informe del INE clasifica a 32 entidades en tres niveles de riesgo financiero: cuatro en riesgo alto y siete en riesgo medio. De esas 11 entidades, seis organizan elecciones judiciales locales este año.
“Para clasificar a los OPL en riesgo alto o medio, adicional al porcentaje de recorte en los decretos de egresos, también se consideran los antecedentes relevantes del ejercicio presupuestal 2024, así como el mandato constitucional para organizar elecciones de los poderes judiciales locales en 2025”, señala el documento, que será actualizado por el INE a finales de febrero.
Zacatecas es el estado con el mayor nivel de crisis en su OPLE, que en 2024 ya había sufrido un recorte del 33.8% y en 2025 enfrentó una reducción del 65.9%. Además, mantiene un adeudo de 6.5 millones de pesos con el INE por convenios de colaboración de la elección local concurrente del año pasado.
En Colima, la situación es tan grave que el OPLE tuvo que impugnar el presupuesto de egresos ante el Tribunal Electoral local, argumentando que los recortes lo dejan imposibilitado para cumplir con sus funciones constitucionales.
En la Ciudad de México, donde se prevé la elección de cientos de jueces y magistrados locales, el OPLE cuenta con un presupuesto de 2 mil 153 millones de pesos, pero no recibió los 883 millones adicionales que solicitó para organizar los comicios judiciales.
“Al respecto, la consejera presidenta señaló que las condiciones no son las óptimas para realizar los compromisos que se les asignaron como la elección de personas juzgadoras, no obstante, se comprometió a buscar el cómo sí cumplir, llevar a cabo las acciones sin pretexto, y en aquellas actividades que se restringieron o estarán a la espera como las actividades preparatorias para la consulta del presupuesto participativo 2026 y 2027, o bien para una iniciativa ciudadana emergente, en su momento se analizará la posibilidad de una ampliación presupuestal”, indica el informe del INE.
Con este panorama, los OPLE enfrentan el reto de organizar procesos electorales con recursos reducidos, lo que podría comprometer la operatividad y certeza de las elecciones judiciales locales en varias entidades del país.
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