Ciudad de México, 28/01/2025 (Más/IA).- Los cinco integrantes del Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación (PJF) renunciaron el lunes de manera inmediata e irrevocable, argumentando una “imposibilidad jurídica” para continuar con su labor de seleccionar a los candidatos para la elección judicial prevista para el próximo 1 de junio.
La decisión fue comunicada mediante una carta firmada por los magistrados Wilfrido Castrejón León, Emma Meza Fonseca, Mónica González Cobiño, Hortencia María Emilia Molina de la Puente y Luis Enrique Pereda Trejo, quienes señalaron que al aceptar el cargo confiaban en que podrían garantizar un proceso de selección transparente y profesional, pero que tras semanas de trabajo resultó inviable cumplir con el encargo constitucional.
“Presentamos nuestra renuncia con carácter inmediato e irrevocable al Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior debido a la imposibilidad jurídica de continuar con el proceso que fue encomendado a este cuerpo colegiado”, declararon en el documento difundido en redes sociales.
La renuncia ocurre en medio de una creciente tensión entre los poderes Legislativo y Judicial, desatada por resoluciones recientes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). La Sala Superior del Tribunal había ordenado al Comité reanudar sus actividades, pero ante el desacato, instruyó al Senado de la República a asumir la tarea de selección mediante un proceso de insaculación (sorteo).
En sesión privada, con tres votos a favor y dos en contra, el TEPJF determinó que el Senado deberá organizar el sorteo público el 4 de febrero. Según el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, el mecanismo consistirá en colocar los nombres de los aspirantes en esferas y elegir al azar a los candidatos que aparecerán en las boletas. Este procedimiento será supervisado por notarios públicos para garantizar transparencia.
La medida adoptada por el Senado representa un giro en la implementación de la reforma constitucional del Poder Judicial, cuyo objetivo era profesionalizar los procesos de selección mediante criterios objetivos y basados en méritos. Ahora, el uso de un sorteo ha generado críticas por parte de analistas y sectores del ámbito judicial, que consideran que la nueva metodología compromete la calidad y la legitimidad del proceso.
El Tribunal Electoral justificó la decisión ante la inminencia del plazo límite del 31 de enero para enviar las listas de candidatos al Senado. La Sala Superior argumentó que el retraso del Comité afectaba los derechos de los aspirantes que ya habían cumplido con los requisitos iniciales.
Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgó medidas cautelares que protegen a los miembros del Comité de Evaluación de posibles sanciones por su negativa a acatar la sentencia del TEPJF. Esto les exime de enfrentar multas, amonestaciones u otras medidas coercitivas.
La renuncia de los cinco magistrados profundiza la crisis en el proceso electoral del Poder Judicial de la Federación. Mientras el Senado se prepara para asumir un papel central, persisten dudas sobre si las listas resultantes del sorteo serán avaladas por la SCJN o enviadas directamente al Instituto Nacional Electoral (INE) como candidaturas definitivas.
El desenlace de este conflicto marcará un punto crítico en la aplicación de la reforma judicial y definirá el rumbo de la elección del próximo 1 de junio.
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