Washington, 27/11/2024 (Más / IA).- El regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos viene acompañado de una de las políticas migratorias más duras de la historia reciente: la deportación masiva de más de 11 millones de indocumentados que residen en el país. Dos recientes encuestas muestran que la mayoría de los estadounidenses respalda este polémico plan, aunque el apoyo disminuye cuando se consideran sus posibles consecuencias económicas y sociales.
Según una encuesta de CBS y YouGov, publicada el 24 de noviembre, el 57% de los encuestados apoya las deportaciones masivas, mientras que un 43% se opone. Otro sondeo, realizado por Ipsos y Scripps News, reveló un respaldo del 52%, con un 85% de republicanos a favor. Sin embargo, cuando los participantes reflexionaron sobre los impactos, como la separación de familias o efectos en la economía, el apoyo se redujo significativamente.
La implementación de una política de deportaciones masivas tiene implicaciones profundas. Según la encuesta de Ipsos, el apoyo cae al 38% si estas acciones resultan en la separación de familias, mientras que el 48% desaprobaría las deportaciones si afectan las finanzas de programas públicos como Seguridad Social y Medicare, que dependen de las contribuciones de los trabajadores indocumentados.
Un análisis del Consejo Americano de Inmigración estima que los inmigrantes indocumentados aportan anualmente 22,600 millones de dólares a la Seguridad Social y 5,700 millones de dólares a Medicare, pese a no ser elegibles para recibir beneficios de estos programas. Su expulsión podría desestabilizar los servicios públicos y agravar los problemas financieros de estas instituciones.
En términos laborales, la salida de millones de personas también podría generar escasez de mano de obra en sectores como la agricultura, hostelería y servicios de cuidado. El 47% de los encuestados reconoció que esto sería una razón para oponerse a las deportaciones. Además, el riesgo de una mayor inflación derivada de la falta de trabajadores y el aumento de precios reduciría el apoyo al 43%.
La preocupación por las posibles repercusiones sociales de las deportaciones se ve reforzada por el historial de Trump en su primer mandato, cuando la política de “tolerancia cero” llevó a la separación de miles de familias. Tom Homan, quien encabezará la nueva estrategia migratoria como “zar de la frontera”, ha prometido deportar a familias completas para evitar estas situaciones, pero su historial como director del ICE genera escepticismo entre las organizaciones proderechos humanos.
Stephen Miller, un asesor clave en la primera presidencia de Trump, también desempeñará un papel central como jefe adjunto del Gabinete de la Casa Blanca. Miller es conocido por diseñar políticas migratorias restrictivas, como los intentos de eliminar el programa DACA que protege a los ‘dreamers’, jóvenes inmigrantes indocumentados que llegaron al país siendo niños.
La posibilidad de que el Ejército participe en la ejecución de las deportaciones masivas también ha generado divisiones. De acuerdo con el sondeo de CBS, el 60% de los encuestados se opone a que las fuerzas armadas desempeñen un papel en esta operación.
A pesar de las controversias, el tema migratorio sigue siendo prioritario para la mayoría de los estadounidenses. Según la encuesta de CBS, el 73% considera que las deportaciones deberían ser una prioridad alta o media para la nueva administración.
El retorno de Trump al poder marca un endurecimiento en las políticas migratorias que podría redefinir no solo el panorama político en Estados Unidos, sino también las relaciones internacionales y las dinámicas económicas y sociales en el país. Mientras el apoyo popular sigue siendo mayoritario, las tensiones y retos que planteará su implementación ya son evidentes.
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