Por Carlos Ramos
El Día Internacional de la Mujer Trabajadora conmemora cada 8 de marzo la lucha de las mujeres por su participación en la sociedad y su desarrollo íntegro como persona, en pie de igualdad. Su primera organización es del 3 de mayo de 1908 en Estados Unidos, y no es hasta 1914 que en Alemania, Suecia y Rusia se conmemoró por primera vez un 8 de marzo.
Lo que empezó como un movimiento en busca de la igualdad laboral, para 2017 se modifica a tintes de expresión contra la violencia machista en todas sus formas y expresiones: sexual, social, cultural, política y económica.
En México, dados los incrementos en feminicidios y la crueldad con la que se cometieron, a partir del 2018 el 8M toma una forma de enérgica protesta y manifestación pública en la CDMX principalmente y en menores concentraciones en el resto del país.
Este 2022, el pasado 8M, las manifestaciones y protestas se incrementaron a todo el país, de la mano con los feminicidios que también se han venido incrementando año tras año en México.
Si bien, dadas las circunstancias de violencia que vive nuestro país que hacen que el feminicidio centre la atención del 8M, en segunda instancia destacan los casos de abuso y acoso sexual que se señalan y reiteran especialmente este día, instituciones como la UAC, la UANE, el Poder Judicial de Coahuila y el PAN nacional aprovecharon para poner en marcha acciones y programas en respuesta a éste último.
Desgraciadamente, la fuerza popular y mediática de los feminicidios y del acoso han limitado las respuestas públicas y privadas a intentar acotar estos temas dejando de lado otros que el 8M desde sus inicios busca modificar.
De acuerdo al estudio “Mujeres, negocios y la ley” realizado por el Banco Mundial en 187 países durante los últimos 10 años, 131 países aplicaron 274 reformas a las leyes y regulaciones con el objetivo de aumentar la igualdad de género, y sólo 35 introdujeron leyes que protegen a las mujeres del acoso sexual en el trabajo.
El análisis abarcó todos los indicadores de la vida laboral de una mujer, desde la búsqueda de empleo hasta la gestión de una empresa y la obtención de una pensión de jubilación.
De acuerdo al estudio, la paridad total de derechos económicos entre hombres y mujeres sólo existe en 6 países: Bélgica, Dinamarca, Francia, Letonia, Luxemburgo y Suecia. A nivel mundial, las mujeres disfrutan de alrededor del 75% de los derechos que tienen los hombres.
En nuestro país, las actuales políticas públicas y programas de gobierno ni siquiera son suficientes para reducir los indicadores de feminicidios y acoso sexual laboral, menos podemos pensar en la ejecución de otros programas tan necesarios como espacios públicos y transporte público seguro para mujeres, atención especializada judicial, igualdad en los derechos económicos y presupuestos sensibles al género, la igualdad en el empleo y la remuneración.
Quizá la reforma más significativa en igualdad de género se dió en con la reforma política del sexenio anterior, donde hombres y mujeres ya tienen por ley derecho a la igualdad en puestos de elección popular con un 50% por género, lo que permea en el resto de las estructuras gubernamentales a darles más espacios de empleo y poder. Hoy en día tenemos en Chihuahua un gobierno estatal con los 3 poderes (ejecutivo, legislativo y judicial), encabezados por 3 mujeres, hecho que se da por primera vez en la historia de nuestro país.
Mientras en otros temas, se retrocede. Las recientes eliminaciones de las guarderías públicas y las escuelas de tiempo completo del actual gobierno federal impactan negativamente a las mujeres en sus derechos y libertades para buscar empleo y poder salir del hogar, poniéndoles un obstáculo más.
En Suecia, por ejemplo, todas las políticas nacionales y las asignaciones presupuestarias se busca garanticen la igualdad de género. Presupuestos sensibles al género, igualdad en el empleo y remuneración. Existe incluso una estrategia nacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres.
Un 8M colorido, mediático, y en algunos casos vandálico, de muy poco sirve si no se aprovecha y culmina en una exigencia mayor para generar una verdadera y puntual agenda integral de las mujeres que incluya reformas, políticas públicas y programas públicos con respaldo del sector privado.
Pasando el 8M, las manifestaciones de las mujeres deben seguir manifestándose en mayor o menor grado en los congresos locales y federales y las respectivas judicaturas, plasmadas en iniciativas de ley. De lo contrario…será otro 8M como cualquier otro, sin respuestas.
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