Ciudad de México, 14/10/24 (Más / IA).- En un hecho sin precedentes, el Senado de la República realizó este fin de semana un sorteo mediante una tómbola para determinar los cargos que serán sometidos a elección en 2025, lo que ha desatado el descontento de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial de la Federación (PJF).
En total, 386 jueces de distrito y 464 magistrados de circuito, con años de carrera judicial, verán sus puestos definidos por una elección extraordinaria, lo que ha sido señalado como un ataque directo a sus trayectorias profesionales.
El magistrado Alejandro Andraca Carrera, quien ha trabajado 23 años en la carrera judicial y es titular del Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Octavo Circuito en Saltillo, fue uno de los seleccionados al azar para dejar su puesto en 2025.
Andraca lamentó que con la tómbola se haya decidido el futuro de cientos de profesionales que han dedicado su vida a la impartición de justicia. “Un proyecto de vida que en mi caso inició hace más de 23 años… Ver en la tómbola un poco banalizado ese proyecto de vida… me parece lamentable”, declaró en entrevista.
El sorteo, realizado el sábado, forma parte de la reforma judicial impulsada por el gobierno federal, que contempla la elección de jueces, magistrados y ministros en 2025. Sin embargo, los juzgadores han expresado su rechazo a esta medida, señalando que la insaculación de sus cargos representa una humillación y una falta de respeto a su trayectoria.
Iván Francisco Rodríguez Zamarripa, juez del Juzgado Primero de Distrito en Durango, también fue seleccionado en la tómbola. En un mensaje difundido en redes sociales, lamentó que su puesto se decida de esta forma, y señaló: “Así atropellan 18 años de carrera judicial en el Poder Judicial de la Federación”. Aseguró que su compromiso con la justicia sigue firme, pero expresó su indignación por el proceso llevado a cabo en el Senado.
La jueza Yazmín Angélica Murillo Badilla, titular del Juzgado Séptimo de Distrito en Sonora, también criticó duramente el sorteo. Recordó que ganó su lugar en un concurso transparente en 2022, tras casi 15 años de carrera judicial, y calificó la tómbola como un acto humillante. En su mensaje, señaló que ni la Asociación Nacional de Magistrados ni el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) condenaron inmediatamente el proceso, lo que generó aún más descontento entre los juzgadores.
Murillo compartió un video de su toma de protesta por parte del entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, recordando que su nombramiento fue parte de la reforma judicial impulsada por el propio gobierno.
La senadora de Morena, Malú Mícher, intentó defender el sorteo afirmando que se seleccionaron cargos, no personas específicas, pero su comentario fue recibido con fuertes críticas.
La magistrada Julia María del Carmen García González, con 30 años de experiencia, respondió que su nombre, y no solo un número, fue seleccionado en la tómbola. “Soy Julia María del Carmen García González… juzgadora federal con 30 años de experiencia”, escribió en redes sociales.
Carlos Alfredo Soto Morales, otro magistrado afectado, señaló que el proceso representó una destitución y no solo una selección de espacios, criticando que el régimen tratara a los juzgadores como simples números. Soto Morales anticipó que impugnará la reforma por vías legales, tanto a nivel nacional como internacional.
La reforma judicial ha provocado un intenso debate en México, especialmente entre los miembros del Poder Judicial, quienes consideran que el proceso de elección y la forma en que se están manejando sus puestos representan una afrenta a su labor y un intento por debilitar la independencia judicial.
Los juzgadores seleccionados en la tómbola tendrán la opción de participar en la elección extraordinaria de 2025, pero varios de ellos, como Andraca y Rodríguez Zamarripa, ya han anunciado que no lo harán, considerando que participar sería convalidar un proceso que consideran injusto.
La insaculación de los cargos mediante una tómbola ha sido criticada por sectores del Poder Judicial y la sociedad, quienes temen que esta medida afecte la estabilidad y legitimidad de las instituciones judiciales en el país.
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