“Expropian” terrenos de minera

El gobierno de México declara como área natural protegida la zona donde se encuentra la cantera de Vulcan Materials, lo que imposibilita su explotación. La empresa anuncia que hará defensa legal

Ciudad de México, 24/09/24 (Más / IA).- El Gobierno de México reclasificó terrenos pertenecientes a la minera estadounidense Vulcan Materials en Quintana Roo, una medida que la compañía ha calificado como una “nueva violación” de los acuerdos comerciales internacionales.

La empresa, que operaba una cantera y un puerto en la península de Yucatán, anunció que planea defenderse por todas las vías legales disponibles, en medio de tensiones que ya llevaban varios años en torno a sus operaciones.

El conflicto escaló después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador declarara el lunes, mediante un decreto, una gran parte de las tierras que se extienden entre Playa del Carmen y Tulum como área natural protegida. Estas tierras incluyen la cantera que Vulcan Materials ha utilizado para extraer piedra caliza y el puerto adyacente desde el cual exportaba material a Estados Unidos.

Vulcan Materials, la mayor productora de materiales de construcción en los Estados Unidos, enfrentaba restricciones desde 2022, cuando el gobierno mexicano ordenó la suspensión de sus actividades mineras, argumentando que la operación estaba causando graves daños ambientales.

La empresa, sin embargo, ha rechazado estas acusaciones. En 2023, fuerzas de seguridad locales tomaron control del puerto que utilizaba la compañía, intensificando las tensiones entre la administración de López Obrador y la empresa estadounidense.

A través de un comunicado emitido el martes, Vulcan Materials denunció que la expropiación de sus terrenos constituye una violación de los acuerdos de libre comercio firmados por México, específicamente el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC).

La empresa señaló que esta acción priva del uso de su tierra y afirmó que está decidida a recurrir a todas las instancias legales necesarias para proteger sus derechos.

Uno de los factores que ha complicado este conflicto es la proximidad de la mina de Vulcan Materials a la ruta del Tren Maya, un proyecto turístico y de infraestructura emblemático del actual gobierno mexicano. Este ferrocarril, que recorrerá más de 1,500 kilómetros a lo largo de la península de Yucatán, ha sido objeto de críticas de diversas organizaciones civiles debido a los presuntos daños ecológicos que podría ocasionar. La cercanía de la mina con este megaproyecto ha generado especulaciones sobre el interés del gobierno en clausurar las operaciones de la empresa extranjera para favorecer el desarrollo del tren.

López Obrador ha sido firme en su postura de cerrar definitivamente las instalaciones de Vulcan Materials antes de concluir su mandato el 1 de octubre. En julio de este año, el mandatario afirmó que su objetivo era lograr que la clausura de las instalaciones fuera irreversible desde el punto de vista legal, rechazando que las medidas del gobierno se trataran de una expropiación. Sin embargo, este último decreto y la ocupación del puerto sugieren lo contrario, lo que ha generado tensiones diplomáticas con Estados Unidos.

El conflicto ha trascendido a nivel internacional. En mayo de este año, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, expresó su preocupación por la situación ante una comisión del Senado estadounidense, afirmando que la postura de México con respecto a la minera Vulcan no favorecía la atracción de inversiones extranjeras. López Obrador respondió negando que las acciones de su gobierno pudieran considerarse como una expropiación, insistiendo en que se trataba de una medida de protección ambiental.

Sin embargo, la empresa estadounidense ha señalado que esta nueva acción del gobierno mexicano es una escalada más en el conflicto y una clara violación de los compromisos comerciales y de inversión adquiridos por México en el marco del TMEC y otros acuerdos internacionales.

La cantera de Vulcan Materials en Quintana Roo ha sido una importante fuente de materiales para la industria de la construcción, tanto en México como en Estados Unidos. La empresa ha indicado que la expropiación de sus terrenos podría tener consecuencias económicas significativas, no solo para la compañía, sino también para los trabajadores y la economía local.

A pesar de los esfuerzos del gobierno mexicano por justificar la medida en términos de protección ambiental, el conflicto con Vulcan Materials parece encaminado a un prolongado proceso legal, cuyas implicaciones podrían afectar las relaciones comerciales entre México y Estados Unidos. La empresa ya ha dejado claro que recurrirá a todas las vías legales posibles para proteger sus activos en México, y la disputa podría terminar en arbitrajes internacionales.

Mientras tanto, el gobierno de López Obrador sigue adelante con sus proyectos prioritarios, incluido el Tren Maya, con el objetivo de consolidar el desarrollo turístico y económico en la región sureste del país, a pesar de las críticas por el impacto ambiental y los conflictos con empresas extranjeras.