Monterrey, 29/08/24 (Más / IA).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anuló el nombramiento de Pedro Arce Jardón como fiscal General del Estado de Nuevo León, una designación que había sido realizada por el Congreso local.
La decisión llega tras un recurso presentado por el gobernador Samuel García, quien solicitó la destitución de Arce alegando irregularidades en el proceso de nombramiento.
En una sesión privada celebrada el 28 de agosto, la Segunda Sala de la SCJN determinó que el procedimiento de designación no se ajustó a los lineamientos previamente establecidos por el tribunal en febrero de este año.
Entre las inconsistencias señaladas por la Corte, se encuentra la invalidación de una lista de candidatos aprobada por la Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León, debido a la omisión del requisito de presentar una carta de no antecedentes penales.
La sentencia de la Corte se da apenas dos días después de que el Congreso de Nuevo León tomó protesta a Pedro Arce Jardón como nuevo fiscal general, cargo que había desempeñado como encargado de despacho desde octubre de 2022.
Samuel García había manifestado públicamente su oposición a este nombramiento, señalando posibles vínculos entre Arce Jardón y el grupo político liderado por Adrián de la Garza, ahora alcalde electo de Monterrey. Aunque esta conexión no ha sido confirmada, fue uno de los argumentos utilizados por García para rechazar la terna enviada por los legisladores.
El gobernador acusó a los diputados del PRI y PAN de excederse en el cumplimiento de la sentencia de la Corte, al tiempo que denunció presuntas intimidaciones por parte de agentes ministeriales contra miembros de su gabinete. En una intervención en el Senado de la República, García calificó a Arce Jardón como un “hampón” aliado de los líderes del PRI y PAN en el estado, y solicitó su inmediata remoción del cargo.
Con la anulación del nombramiento por parte de la SCJN, se deberá repetir el proceso de selección del fiscal general en su etapa final, conforme a los lineamientos establecidos por el máximo tribunal.
Esta resolución marca un nuevo capítulo en el conflicto entre el ejecutivo estatal y el Congreso de Nuevo León, y abre la puerta a nuevas disputas políticas en el estado.
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