Redacción Más / IA
Durante el sexenio actual, diversas instituciones estatales mexicanas, incluyendo 22 Fiscalías estatales, 6 Secretarías de Seguridad locales, y otras entidades, han adquirido un total de 168 licencias de dispositivos para vigilancia geolocalizaciones y extracción de archivos, con un gasto conjunto que alcanza los 459 millones 974 mil pesos.
La adquisición de tecnología de vigilancia por parte de estas entidades no se ha traducido en resultados efectivos en el combate a la delincuencia, ya que ninguna de ellas ha reportado la detención de presuntos delincuentes o el rescate de víctimas, acciones justificadas para tales vigilancias. La información fue publicada por la agencia Animal Político.
Entre los compradores de estos softwares se destacan la Fiscalía de la Ciudad de México y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), esta última incrementó significativamente sus compras durante el gobierno de AMLO en comparación con el periodo anterior de Peña Nieto.
La Sedena ha utilizado estos dispositivos en 116 ocasiones, según datos oficiales, para realizar intervenciones y vigilancias, justificando estas acciones sin autorización judicial hasta el año 2023.
Entre 2018 y 2023, más de 20 intermediarios israelíes vendieron softwares de vigilancia a las entidades mexicanas, facilitando así la expansión de capacidades de vigilancia en el país.
Animal Político y el CAPIR llevaron a cabo una revisión exhaustiva de contratos y presentaron 710 solicitudes de acceso a la información para este reportaje, evidenciando la opacidad y la falta de transparencia en el uso y resultados de estas tecnologías.
Los dispositivos adquiridos tienen la capacidad de rastrear en tiempo real y extraer información personal de dispositivos móviles y computadoras, utilizando herramientas como los dispositivos UFED 4PC y Touch, ampliamente empleados por varias fiscalías estatales y la Sedena para vulnerar la seguridad de dispositivos móviles.
Cellebrite, reconocido fabricante de dispositivos de extracción forense, ha colaborado con la Sedena y otras entidades en México, destacándose por su participación en casos de alto perfil en conjunto con el FBI.
Las instituciones que adquirieron estas tecnologías renovaron las licencias anualmente, aunque la mayoría no demostró la efectividad en el uso de estos dispositivos para los fines declarados.
Las fiscalías reportaron un total de 39 mil 265 peticiones para intervenir a ciudadanos durante el periodo analizado, reflejando un alto nivel de actividad en el uso de estas tecnologías de vigilancia.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación General 47/2022, instando a una regulación más estricta sobre las intervenciones a comunicaciones privadas, sin que la regulación actual haya experimentado cambios significativos desde entonces.
Luis Fernando García Muñoz ha criticado la falta de modificaciones sustanciales en la regulación para evitar abusos similares a los del caso Pegasus, subrayando la necesidad urgente de reformas en este ámbito.
El uso extendido de estas tecnologías de vigilancia, financiado con más de 436 millones de pesos durante el periodo analizado, ha dejado pendiente la pregunta sobre la efectividad real en la lucha contra la delincuencia y la transparencia en la rendición de cuentas.
En resumen, la proliferación y el uso de tecnologías de vigilancia en México han generado preocupaciones significativas sobre la privacidad, la efectividad y la regulación de estas prácticas, evidenciando la necesidad de una mayor transparencia y control en su implementación y resultados.
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