Por David Guillén Patiño
Saltillo, Coahuila, MÁS. – El Instituto Coahuilense de Cultura (Icocult), cuya extinción se oficializó hace siete años, no termina de desaparecer en la administración pública estatal.
Como un hecho inédito, todavía hasta hoy, el fantasma de esta institución se presenta en los informes y registros oficiales de la Secretaría de Cultura. Su existencia se presupone hasta en el Periódico Oficial del Estado.
Según disposición decretada en su oportunidad por el Congreso del Estado, el plazo para la eliminación del Icocult no debió rebasar los seis meses.
Su “presencia” conlleva al absurdo de asignar fondos del erario estatal a la contratación de servicios particulares de contaduría, análisis financieros y auditoría.
Asimismo, implica distraer personal burocrático y otros recursos públicos para informar, en medio de reportes, sobre su situación jurídica y administrativa.
Su anulación fue promovida ante al Poder Legislativo local el 29 de mayo de 2017 por el entonces gobernador Rubén Moreira, faltando medio año para que culminase su sexenio.
Tal como consta en la papelería gubernamental y anales periodísticos, el exmandatario consideró que el organismo descentralizado había cumplido los objetivos bajo los cuales su antecesor, Rogelio Montemayor, le dio vida en 1994.
Moreira Valdez planteó al Congreso que el instituto, sectorizado desde 2011 a la Secretaría de Cultura, suspendiera toda función cultural.
Según otras versiones del dominio público, la verdadera razón por la que el gobierno estatal habría tenido que prescindir de esa entidad tuvo que ver con su intento de sofocar diversos señalamientos sobre desvíos de recursos y otros actos de corrupción.
Ejemplo de ello sería, en el periodo de Rogelio Montemayor, los presuntos malos manejos del otrora titular del instituto, Armando “El Chino” Guerra, a saber, “otro de los señalados como ladrones”, tal como lo consigna en su libro “Mis sexenios” el periodista José Guadalupe Robledo Guerrero.
En la respectiva iniciativa de reforma a la Ley de Desarrollo Cultural para el Estado de Coahuila de Zaragoza se formuló la liquidación y extinción definitiva, para que sus actividades fueran absorbidas por dicha Secretaría, creada seis años antes.
Así, con base en el dictamen que el 19 de septiembre de 2017, la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia puso a consideración del pleno legislativo la derogación del capítulo segundo del título cuarto de dicho ordenamiento, porción relativa a la organización y estructura de la institución, y la eliminación de toda referencia a la misma el referido ordenamiento legal.
La exposición de motivos de la iniciativa, reza: “El organismo ha dado cumplimiento a sus fines, proporcionando protección y difusión de nuestro patrimonio histórico, artístico y arqueológico del Estado”.
Si bien, se apegó a sus fines, “ampliando y fortaleciendo los servicios culturales para alentar la creatividad”, se consideró que el Instituto ya no era necesario, pues la Secretaría de Cultura se abocaba ya a “alentar la difusión de la cultura”.
Finalmente, en la referida fecha, el Congreso del Estado aprobó el decreto 952, por el que tendría que desaparecer definitivamente el Icocult, creado en 1994.
Habiéndose denominado en gobiernos anteriores “Instituto Estatal de Bellas Artes”, el organismo encabezó durante 23 años actividades de difusión, promoción y capacitación cultural en la entidad.
Pero, en virtud de que el dictamen aprobado sigue sin ejecutarse a cabalidad, su aprobación pareciera hoy un simple hecho anecdótico, pues el decreto subsecuente no termina de surtir los efectos conducentes.
“Se determina que el instituto —se lee en el documento— ha alcanzado los propósitos para el cual fue creado”.
Por tal motivo, “la Secretaría de Cultura, a la cual se encuentra sectorizado el Icocult, ha propuesto iniciar las gestiones conducentes para asumir sus funciones”.
De esta manera, la dependencia estatal debía seguir “brindando los servicios culturales que tanto han favorecido a la población coahuilense, desde una perspectiva institucional fortalecida”.
Además, con las funciones que pertenecían al instituto, se dijo, “mejorará la creación de políticas públicas para que todos los coahuilenses tengan acceso a la cultura”.
Lo anterior, dado que “este instituto ya ha cumplido con los fines para los que fue creado”, se asentó reiteradamente en el dictamen aprobado por la legislatura local.
Todavía al día de hoy, al Icocult se le considera oficialmente “en proceso de extinción”, de acuerdo con el “Informe del Avance de Gestión Financiera” del cuarto trimestre de 2023.
Este fue presentado el pasado 30 de enero por Quintana Salinas a la diputada Luz Elena Guadalupe Morales Núñez, presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado.
Bajo el eslogan “Coahuila pa´delante”, el legajo de 182 páginas contiene varias secciones en cuyas portadas aparecen, a modo de membretes, los nombres y siglas de la secretaría y del Instituto Coahuilense de Cultura.
Contiene información contable, presupuestaria, programática, adicional y derivada de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
Al calce de una de las notas de gestión administrativa (páginas 38 y 39), se incluye, mal redactada, una curiosa “información sobre Iniciativa la extinción del Instituto Coahuilense de Cultura”, cuyo contenido es, como sigue:
“En fecha 26 de septiembre de 2017 se expide el decreto 952, mediante el cual se extingue el Instituto Coahuilense de Cultura creado en el decreto 369 que expide la Ley de Desarrollo Cultural”, y se cita literalmente:
“… En virtud de lo anterior, el Icocult conservará exclusivamente su personalidad jurídica para efectos del proceso de su extinción, proceso que no podrá exceder de un plazo de seis meses, contados a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Decreto. Salvo que exista impedimento legal para ello…”.
Lo cierto es que el artículo tercero transitorio del decreto de reforma, señala que “En virtud de lo anterior, se extingue la personalidad jurídica del mencionado Instituto Coahuilense de Cultura, la cual conservará exclusivamente para efectos del proceso de su liquidación.”
El artículo 5 transitorio especifica que, “Salvo que exista impedimento legal para ello, la conclusión de los procesos de liquidación y extinción no podrán exceder de un plazo de seis meses, contados a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Decreto.
Inicialmente, esta misma disposición dispone: “Con la entrada en vigor del presente Decreto se extingue el Instituto Coahuilense de Cultura creado en el Decreto 369 que expide la Ley de Desarrollo Cultural publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el veintinueve de abril del dos mil cinco.”
Los siguientes dos artículos establecen que “La Secretaría de Finanzas emitirá los lineamientos sobre el destino y aplicación que se dará a los bienes remanentes del proceso de liquidación del Instituto Coahuilense de Cultura, si los hubiere”.
Así mismo, fija que “Corresponderá a la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, conforme a sus atribuciones, vigilar y hacer el seguimiento de los procesos de liquidación y extinción que este decreto autoriza.”
“Por lo que se refiere a los bienes muebles e inmuebles que formen parte del Instituto, su patrimonio, su patrimonio pasa a formar parte del dominio público del Estado, conforme a las disposiciones de la Ley General de Bienes del Estado de Coahuila…”, concluye el texto aclaratorio de la citada nota de gestión administrativa del mencionado Informe del Avance de Gestión Financiera.
Informe del Avance de Gestión Financiera también se publicó el pasado viernes, 14 de junio, en el Periódico Oficial del Estado, bajo el título: “Informe de Avance de Gestión Financiera del Primer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2024 del Instituto Coahuilense de Cultura”.
Es decir, el Icocult es motivo de atención por parte de la Secretaría de Cultura hasta cuando menos el mes de marzo de este año, y su ambigua existencia se extiende hasta la fecha en que aparece citado en el Periódico Oficial del Estado, no obstante que algunos de sus resultados financieros se reflejan “en ceros”.
Por otra parte, con fecha 29 de enero de 2024, un “informe o dictamen de los profesionales de auditoría independiente o, en su caso, declaratoria de los órganos” (página 67), que se refiere a una información contable de la firma Narváez Consultores, ofrece el siguiente resumen sobre la situación del “inexistente” Icocult.
“En nuestra opinión —señala Abraham Narváez Núñez, socio director del despacho—, los estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos importantes, la situación financiera del Instituto Coahuilense de Cultura, al 31 de diciembre de 2023”.
Es la misma situación respecto de “las actividades de sus operaciones, las variaciones en su patrimonio de la Hacienda Pública y los flujos de efectivo, por el periodo comprendido del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2023, de conformidad con las bases contables descritas en los estados financieros”. (sic).
La misma firma ofrece también lo que denomina un “informe de los auditores independientes presupuestario”, dirigido igualmente al auditor superior del estado, Manuel Ramírez Briones, y a la propia Esther Quintana.
Dichos análisis tienen lugar no obstante que, al centro de la página 154 del Informe del Avance de Gestión Financiara, destaca una nota que indica claramente: “No aplica. El instituto se encuentra en proceso de extinción”.
La misma observación figura en una iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos promovida por Ana Sofía García Camil, quien, siendo titular de la Secretaría de Cultura estatal, firma el documento como directora del Icocult.
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