Reforma judicial no resuelve rezago

En medio del debate, especialistas indican que hay insuficiencia de personal juzgador para atender las demandas de justicia en México y hay más de 47 mil expedientes pendientes de concluir

REDACCIÓN MÁS / IA

En México, faltan 61 juezas y jueces por cada 100 mil habitantes, y hay un rezago de más de 47 mil expedientes pendientes de concluir, tanto en los estados como en la Federación. Además, existen diversos problemas estructurales en el sistema de impartición de justicia que la propuesta de reforma al Poder Judicial no atiende, según advierten especialistas en la materia, reportó la agencia Animal Político.

De acuerdo con un estándar internacional establecido por la OCDE, debe haber 65 personas juzgadoras por cada 100 mil habitantes, pero en México solo hay 4.4 por cada 100 mil habitantes. Esta insuficiencia de personal juzgador afecta la capacidad del sistema judicial para atender las demandas de justicia a nivel nacional, señala Adriana Aguilar, investigadora del programa Transparencia en la Justicia de la organización México Evalúa, en entrevista con Animal Político.

En este contexto, los especialistas indican que cualquier intento de reforma judicial debe considerar los posibles impactos en la operación cotidiana de los órganos jurisdiccionales. Una modificación que no sea debidamente planeada y ejecutada puede agravar y comprometer los miles de casos que están sujetos a la jurisdicción de las personas juzgadoras del país.

PROPUESTA DE REFORMA JUDICIAL Y SU IMPACTO

La propuesta de reforma enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso de la Unión en febrero pasado establece que, para obtener una «justicia pronta y expedita», se deben modificar los artículos 17 y 20 constitucionales para que las personas juzgadoras resuelvan, en un plazo máximo de seis meses, los asuntos que lleguen a sus manos. Sin embargo, la reforma no especifica si el plazo de seis meses funciona como techo o como piso para la celeridad de los procesos judiciales, ni determina el significado de «cuantías en materia tributaria», que asegura será previsto en leyes secundarias. Esto podría abrir paso a la opacidad en el actuar de los legisladores.

Además, la reforma indica que, en caso de no cumplirse con el plazo señalado, los propios órganos jurisdiccionales que conozcan del asunto deberán dar aviso inmediato al nuevo Tribunal de Disciplina Judicial y justificar las razones de dicha demora. La reforma justifica sus razones en «el derecho de las personas justiciables a recibir una justicia de calidad», definiendo los procesos judiciales como «lentos, caros, tortuosos» y que implican un gran uso de papel, sin proporcionar mayores datos al respecto.

PROBLEMAS DEL PODER JUDICIAL

Uno de los problemas principales del Poder Judicial, según la reforma, es la «incapacidad o el desinterés que prevalece en los órganos encargados de la administración de la justicia para cumplir con los principios previstos en el artículo 17 constitucional de brindar una justicia pronta y expedita a las personas justiciables». No obstante, datos del Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal señalan que durante el 2022 ingresaron 1 millón 256 mil 77 asuntos al Poder Judicial de la Federación, mientras que la cantidad de asuntos resueltos fue de 1 millón 214 mil 806, lo que significa que cada persona juzgadora resolvió 762 asuntos durante ese año.

Para el mismo año, ingresaron 2 millones 154 mil 768 asuntos a los poderes judiciales estatales, de los cuales 1 millón 320 mil 702 concluyeron en primera instancia, por lo que cada juzgador resolvió 428 asuntos en promedio, según el Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2023. Pese a estos avances, el rezago judicial continuó en 41 mil 271 expedientes pendientes por concluir a nivel federal y 5 mil 773 a nivel estatal.

A nivel estatal, quedaron pendientes por resolver mil 989 expedientes en materia civil, mil 736 en materia familiar, mil 155 en materia penal, 650 en materia mercantil y 224 en materia comunitaria o vecinal. Estas cifras no incluyen los asuntos rezagados de años anteriores.

Los especialistas agregan que el rezago no solo puede medirse como la diferencia entre los casos que entran y los que salen. Para un diagnóstico real sobre el rezago judicial, es necesario estudiar los factores que impactan en la impartición de justicia, como el número de funcionarios para resolver los casos y sus consecuencias en la carga laboral. Por ello, refieren que aún existe una necesidad de crear un «diagnóstico riguroso, sectorial (por materia y jurisdicción), basado en evidencia, que pueda explicar los diversos factores y su peso en el problema del rezago y la congestión».

JUICIOS ORALES Y COSTOS

Otro problema que genera demoras en los procesos judiciales son las normativas y procedimientos que provocan dilaciones, como la tardanza en las notificaciones, el desahogo de pruebas, el rezago en la programación de audiencias, la pérdida de expedientes, el reducido espacio físico y las simulaciones procesales. «Los juicios orales son muy costosos. Las horas de audiencia requieren la presencia de las partes, además de grabación y resguardo de todo lo que sucede en las salas de audiencias. Es carísimo», señala la magistrada Taissia Cruz Parcero, directora del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), en entrevista.

Desde el 24 de mayo de 2014 hasta el 31 de mayo de 2024, se han realizado 554 mil 632 audiencias en los Centros de Justicia Penal Federal, representando más de 500 mil horas de audiencias que han sido grabadas y resguardadas por el Poder Judicial. «Estas disposiciones que se pretenden introducir denotan un desconocimiento grave de los problemas estructurales del sistema de justicia. Los problemas estructurales tienen que ver con la insuficiencia de tribunales, la ineficacia de las fiscalías y los mecanismos que incentivan la corrupción», agrega Cruz Parcero.

CORRUPCIÓN E INEFICACIA

Un último problema que impacta directamente en el rezago judicial son los problemas de corrupción e ineficacia de funcionarios judiciales y de otras instituciones públicas. «Un proceso penal diseñado para que haya salidas alternas, como el procedimiento abreviado, se ve constantemente obstaculizado por las fiscalías, que no están dispuestas a ofrecer reducciones de pena significativamente benéficas para que una persona imputada acepte la responsabilidad sin ir a juicio», explica Cruz Parcero.

Adriana Aguilar, de México Evalúa, señala que, respecto a las modificaciones de la justicia pronta y expedita, para hacer cumplir los plazos se podría recurrir a medios coercitivos para las personas juzgadoras. La reforma estipula que las autoridades que no cumplan con los plazos establecidos para resolver las controversias deberán informar al Tribunal de Disciplina Judicial para que este órgano pueda investigar, iniciar un proceso sancionatorio y determinar las consecuencias de la dilación en el proceso.

«Las presiones no solo se dan desde el exterior de los Poderes Judiciales, sino a veces desde dentro, como se ha visto en el caso del Poder Judicial de la Federación con el ministro Zaldívar o en el caso de la ministra Piña con el Tribunal Electoral», concluye Aguilar. Los expertos también señalan que un diagnóstico más puntual debería valorar los impactos de la pandemia en la administración de justicia y las medidas tomadas en relación con la virtualidad para entender su impacto.

Con información de Animal Político