Por Horacio Cárdenas Zardoni
Durante una etapa de mi vida laboré para un conglomerado de empresas, del ramo químico para más señas. Ni modo, tiene uno que ganarse la vida, y ¿qué le vamos a hacer?, se da cuenta uno de muchas cosas, algunas buenas, algunas no tanto, pero lo importante es que saca uno experiencias que luego pueden resultar de utilidad en algún otro contexto.
En aquel corporativo pudimos comprobar cómo las empresas habían logrado desarrollar, y se hallaban en proceso de crear otras muchas, estrategias para no pagar impuestos… o más bien, para pagar menos de lo que la ley dice que deberían pagar.
Estas empresas no eran tan canijas como luego nos venimos a enterar que había muchas en el país, cuyos propietarios o directivos toman la decisión de, olímpicamente, dejar de pagar impuestos, aun que la ley de ingresos establece el qué, el cómo y el cuánto, deben las empresas enterar al Servicio de Administración Tributaria por concepto de impuestos a sus actividades productivas, y específicamente a sus ganancias. Sí, ya chambeando de periodista, recordamos que hace veinte o veinticinco años, y siendo dirigente del gremio del autotransporte de carga, el coahuilense Francisco Dávila, ese mismo que alguna vez fue senador de la república, en tiempos de Rogelio Montemayor Seguy y anduvo en negocios futboleros de altos vuelos, de esos que solo puede hacer gente de mucho, de muchísimo dinero, había confesado que los agremiados a la Cámara del Autotransporte habían tomado la decisión unilateral de dejar de pagarle, entonces, a la Secretaría de Hacienda el Impuesto al Valor Agregado y el Impuesto sobre la Renta, porque según ellos, no estaban teniendo suficientes ingresos. Ojo, esos impuestos no los genera el empresario, este nomás los retiene y el que los paga es el cliente final, pues tan canijos eran estos tipos que tenían años quedándose con el dinero de los impuestos, un 15, ahora un 16% de IVA y el correspondiente del ISR, de cada operación, de cada acarreo, en lo que de hecho era un sobreprecio para el cliente, y defraudación al fisco. Nos venimos a enterar de la cuestión porque el gobierno comenzó a moverse para cobrar lo suyo, bueno lo nuestro que es suyo, momento en el que los empresarios amenazaron con bloquear carreteras, con paros en el transporte de mercancías, literalmente con dejar sin comer a la población, y obvio, el gobierno dobló las manos.
Ya no supimos que pasó con ese caso, pero ya en este sexenio nos enteramos que el SAT había detectado un selecto grupo de empresarios, nacionales algunos, extranjeros otros, que por sus pistolas no pagaban impuestos, y estos eran por montos impresionantes, se mencionó a Wal Mart, a IBM, a Grupo México, a los negocios de Ricardo Salinas Priego, algunos han pagado y prometido no volver a incurrir en lo que de hecho es un delito, sobre todo las extranjeras que se fijan mucho en la mala publicidad de sus compañías, pero las nacionales son más refractarias, prefieren vivir entre mentadas de madre, amparos, juicios, y decisiones de los tribunales, que deshacerse de un centavo, que repetimos, no es de ellos.
En aquella empresa química en que laboramos, nos dimos cuenta cómo cuando se acercaba el final del año, los contadores sufrían para llegar a la cifra aproximada de lo que se tendría que pagar por concepto de utilidades, normalmente era en diciembre, y entonces sí: llegaba la orden del dueño para que se compraran carros, camiones, equipos de todo tipo, algunos que iban a fortalecer la capacidad de producción o distribución de la empresa, y otros que no, eran para él y para su familia, total que luego de un desenfrenado trabajo de compra de lo que hacía falta o no, las utilidades habían prácticamente desaparecido: no quedaba nada para entregar a los accionistas, ni mucho menos a los trabajadores que esperaban con ansia el reparto de utilidades.
Las empresas, en aquellos tiempos y suponemos que es igual todavía, pagan una impresionante cantidad de cosas que nada tienen que ver con el funcionamiento de las mismas. Se paga gasolina como si fueran a entregar mercancía a Alaska… todos los días del mes, se compran carros como si fueran desechables, se compran televisores, computadoras, teléfonos de alta gama, como si tuvieran algo que ver con la fabricación, distribución, venta, posventa, etc. Y nada, todo es para elevar, artificialmente los costos, y de esa manera, bajar el monto de las obligaciones fiscales. El gobierno ha intentado limitar estas prácticas, pero no le ha sido posible, y esto nos lleva a una realidad muy complicada, el que no sepamos cuánto vale la producción de una empresa determinada, y en consecuencia cuánto debe de pagar de impuestos.
Ahora que se dio a conocer la nota de que en el municipio de Ramos Arizpe, el ayuntamiento en coordinación con los empresarios allí asentados, se estaban comprometiendo en un proyecto para emprender la rehabilitación del libramiento Óscar Flores Tapia con sus recursos combinados, nos pusimos a pensar que a lo mejor esa sería una salida interesante al problema de distribución de los recursos dentro del pacto fiscal federal, uno que tradicionalmente trata mal a los que más dinero enteran, en beneficio de otros estados que aportan mucho menos.
Hubo hasta serios intentos a través de la alianza de gobernadores para replantear el pacto fiscal, que desafortunadamente no avanzó porque los gobernadores participantes fueron terminando sus gestiones y sus sucesores no estaban interesados: al que más aporta, que le toque más, y claro, que haya la solidaridad y apoyo entre estados federados, pero no que como ahorita, parezca un saqueo en toda forma.
¿Cuál es la propuesta?, pues crear un modelo en el que se sienten los empresarios con las autoridades estatales y digan: por mis operaciones de este año, tengo que pagar tanto más cuanto de IVA, de ISR, de IEPS, y de todo lo demás, dinero que se va y no regresa ¿qué te parece, gobierno o ayuntamiento, si te financio combustibles, camiones de limpia, patrullas, equipos, carros de bomberos, construcción de esta o aquella infraestructura. ¿Cuál es el beneficio de este esquema? Pues de entrada que el gobierno lograría salvar buena parte de los recortes presupuestales, de la tardanza en la asignación de las participaciones, y para las empresas el bajar su base de cotización sobre la que se pagan impuestos.
¿Qué la propuesta no es del todo legal?, pongamos que no lo sea del todo, pero sí soluciona una gran cantidad de problemas de financiamiento de programas, proyectos, obras aquí, con dinero que se genera aquí, que de otra manera se envía a la federación, esperando que esta buenamente regrese lo que es justo y correcto, y no le de un tratamiento político al tema, favoreciendo a los que favoritos y asfixiando a los que no le caen en gracia, entre los que curiosamente suele aparecer Coahuila.
No lo estamos inventando, se hace desde siempre. Ahora lo están haciendo en Ramos Arizpe con un asunto de mutua conveniencia, gobierno, empresas y que beneficia a todos los usuarios del libramiento. Es para pensarse, y mantenerse en secreto, porque ¿qué va a hacer el gobierno cuando se de cuenta?, pues lo mismo que hasta ahorita.
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