58.7% de los candidatos sin carrera judicial

Observatorio Universitario analiza perfiles de 64 candidatas y candidatos a ministras y ministros de la Suprema Corte

Ciudad de México, 29/05/25 (Más).- El 58.7% de las personas aspirantes a ocupar una de las vacantes en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no cuenta con una carrera judicial, según el Primer Informe del Observatorio Universitario del Proceso de Elección Extraordinaria a la SCJN, realizado por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México.

El documento, elaborado por estudiantes de diversas disciplinas como Ciencias Políticas, Comunicación, Derecho, Relaciones Internacionales e Ingenierías, junto con integrantes de universidades como la Anáhuac, la Panamericana y la UNAM, analizó los perfiles de 64 candidatas y candidatos a ministras y ministros de la Corte.

De acuerdo con el informe, una de las personas aspirantes se abstuvo de participar en el análisis. Para su elaboración, el Observatorio consultó más de 400 fuentes distintas. En su evaluación, los integrantes del grupo señalaron que solo el 41.3% de las personas aspirantes cuenta con una carrera judicial. En el desglose por género, se observó que el 62.5% de las mujeres candidatas sí cuentan con experiencia en el ámbito judicial, mientras que el 37.5% no. En contraste, el 80.65% de los hombres candidatos carecen de carrera judicial y solo el 19.35% cuenta con ella.

Además, el informe indicó que más del 70% de los aspirantes no cuenta con especialización en áreas consideradas fundamentales, tales como pueblos indígenas, medio ambiente, desaparición forzada y personas con discapacidad. En palabras de Camila Solís, estudiante de Ciencias Políticas y co-coordinadora del Observatorio, “nos dimos cuenta de que no conocíamos a la mayoría de quienes aspiran a juzgar los casos más importantes del país. Muchos no tienen experiencia ni información pública verificable”.

Solís también afirmó que el proceso de selección para integrar el Poder Judicial fue diseñado sin asegurar condiciones de equidad y accesibilidad para la ciudadanía. Según el informe, las campañas de los aspirantes se realizaron principalmente a través de redes sociales, debido a la falta de espacios en televisión, radio y eventos públicos. Aun así, solo el 0.28% del padrón electoral sigue a alguno de los aspirantes en redes sociales.

El informe denunció inconsistencias en la presentación de los currículums de las y los candidatos, señalando la ausencia de criterios estandarizados, así como el uso de perfiles personales con escasa profesionalización y limitada interacción. También se alertó sobre posibles prácticas de nepotismo, vínculos partidistas y antecedentes considerados preocupantes en algunos perfiles, incluidos señalamientos por presuntos vínculos con “redes de poder” y denuncias por violencia de género.

En cuanto a las filiaciones políticas, el informe registró 10 vínculos con el partido Morena, 8 con el PRI, 3 con el PRD, y 2 con el PAN y Movimiento Ciudadano respectivamente. Además, se identificaron aspirantes con vínculos al Partido Verde Ecologista de México y al Partido Socialista Unificado de México.

El informe también evidenció la falta de accesibilidad en el proceso electoral que se celebrará el próximo domingo 1 de junio. Se documentó que no se habilitaron boletas en sistema braille ni intérpretes de Lengua de Señas Mexicana. Esta situación fue atribuida por el Instituto Nacional Electoral (INE) al recorte presupuestal y a los tiempos limitados del proceso extraordinario.

El Consejo General del INE confirmó el mes pasado que no habría sistema braille en las boletas de la elección judicial. Como alternativa, se determinó que las personas que no sepan leer o se encuentren físicamente impedidas para marcar sus boletas podrán hacerse asistir por alguien de su confianza. Según el proyecto aprobado por el instituto, esta medida “salvaguarda su derecho al voto”.

El proceso de elección extraordinaria para renovar a ministras y ministros de la SCJN ha sido objeto de observación crítica por parte de distintas organizaciones académicas y sociales. Este primer informe del Observatorio Universitario aporta una evaluación de los perfiles y condiciones en las que se desarrolla el proceso, resaltando las debilidades institucionales y la necesidad de una mayor transparencia y accesibilidad.