Des Moines, 18/06/24 (Más / IA).- Un juez federal bloqueó temporalmente una ley de Iowa que permitía a las fuerzas del orden presentar cargos penales contra personas con órdenes de deportación pendientes o a quienes previamente se les había negado la entrada a Estados Unidos.
La medida fue tomada el lunes por el juez de distrito de Estados Unidos, Stephen Locher, mediante una orden judicial preliminar.
Locher determinó que es probable que el Departamento de Justicia y los grupos de derechos civiles, quienes presentaron una demanda contra el estado, tengan éxito en su argumento de que la ley federal de inmigración prevalece sobre la ley estatal aprobada esta primavera por los legisladores de Iowa.
“Como cuestión de política, la nueva legislación podría ser defendible”, escribió Locher en su decisión, “como cuestión de derecho constitucional, no lo es”.
La ley de Iowa, que estaba programada para entrar en vigencia el 1 de julio, permitiría a los agentes del orden presentar cargos contra personas con órdenes de deportación pendientes o que previamente han sido expulsadas o se les ha negado la admisión a Estados Unidos.
Una vez bajo custodia, los migrantes podrían aceptar la orden de un juez de abandonar el país o enfrentar un proceso judicial, lo que podría resultar en tiempo de prisión antes de la deportación.
La legislatura de mayoría republicana de Iowa y la gobernadora Kim Reynolds impulsaron la ley, argumentando que la administración de Joe Biden no ha sido efectiva en controlar la inmigración en la frontera sur del país.
En los argumentos presentados la semana pasada ante el juez Locher, el estado sostuvo que la ley de Iowa solo permitiría a las fuerzas del orden público y los tribunales estatales aplicar la ley federal, sin crear una nueva normativa.
“Tenemos una ley que adopta el estándar federal”, dijo Valencia, representante del estado.
Sin embargo, el gobierno federal y los grupos de derechos civiles argumentaron que la ley de Iowa violaba la autoridad exclusiva del gobierno federal sobre asuntos de inmigración y generaría numerosos problemas y confusión.
Christopher Eiswerth, abogado del Departamento de Justicia, y Emma Winger, en representación del Consejo Estadounidense de Inmigración, señalaron que la nueva ley de Iowa no contemplaba excepciones para las personas que habían sido deportadas pero que ahora están legalmente en el país, incluidas aquellas que buscan asilo.
La ley de Iowa es similar, aunque menos expansiva, que una ley de Texas que estuvo vigente durante unas pocas horas en marzo antes de ser suspendida por un panel de tres jueces de un tribunal federal de apelaciones.
La fiscal general de Iowa, Brenna Bird, expresó su intención de apelar la decisión del juez.
“Estoy decepcionada con la decisión judicial de hoy que impide que Iowa detenga el reingreso ilegal y mantenga seguras a nuestras comunidades”, dijo Bird. “Dado que Biden se niega a proteger nuestras fronteras, no ha dejado a los estados más remedio que hacer el trabajo por él”.
La gobernadora Reynolds también manifestó su frustración por el fallo del juez y criticó al presidente Biden.
“Firmé este proyecto de ley para proteger a los habitantes de Iowa y nuestras comunidades de los resultados de esta crisis fronteriza: aumento de la delincuencia, muertes por sobredosis y trata de personas”, declaró Reynolds.