Por Katya González
Saltillo, Coahuila, MÁS. – La Secretaría de Educación Pública habría finiquitado a Gerardo Sánchez, tras haber sido sentenciado a más de 40 años de prisión por haber abusado sexualmente de una alumna de la Escuela Primaria Urbano Flores en Saltillo, lo que le habría permitido pagar al menos una parte de su defensa legal.
Luego de que el Instituto Estatal de Defensoría Pública revelara a este medio que actualmente no representa a ninguno de los docentes implicados en casos de abuso sexual en contra de menores en las aulas, ha surgido el cuestionamiento de cómo estos han logrado acceder a una defensa legal de carácter privado.
Cabe recordar que, según el Foro Profesional de Abogados de Saltillo, los imputados por delitos sexuales, entre otros delitos graves, podrían pagar hasta 700 mil pesos por el proceso de investigación.
Asimismo, la oficina de servicios regionales educativos señaló que, al presentarse una situación de esta índole, el departamento jurídico de la Secretaría de Educación suspende al trabajador en tanto resuelve su situación ante las autoridades correspondientes por lo que su sueldo se ve suspendido dejando así al acusado sin un ingreso.
Cabe recordar que en este caso, el docente enfrenta una pena por un caso de abuso sexual, mientras que aún se encuentra en desarrollo un segundo, por lo que tendría que cubrir un monto de hasta un millón 400 mil pesos, aproximadamente, para costear su defensa.
Fuentes cercanas al caso revelaron a este medio informativo que el subdirector de la primaria Urbano Flores habría dejado una casa como garantía en uno de los dos casos de abuso sexual infantil en los que se encuentra implicado.
Además, al ser sentenciado, la Secretaría de Educación Pública le habría dado de baja automáticamente cubriendo el monto correspondiente a sus prestaciones y finiquito por sus años de servicio, el cual podría ascender a más de 500 mil pesos, lo que le habría permitido cubrir una parte del costo de su representación.
Esta suma no sería suficiente para cubrir el monto, sin embargo, actualmente se desconoce si hubiera recibido ayuda del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) pues al menos una de sus secciones sindicales cuenta con un área jurídica para representar y defender a los docentes implicados en delitos sexuales en contra de sus alumnos.