Libros de pre-texto (IV)
David Guillén Patiño
La opacidad con que evidentemente han sido concebidos los libros de texto gratuitos en México refuerza el sentir cada vez más generalizado de que el Estado pretende imponer, ahora a través del sistema educativo, una arcaica doctrina política, con su implícita y aberrante ideología de género que tanto ha dañado al matrimonio, la familia y otras importantes instituciones.
Se recordará que, bajo la excusa de que podría afectarse el proceso respectivo, o bien, de que quizá se vulnerarían datos personales, la Secretaría de Educación Pública determinó reservar por cinco años la información relacionada con las asambleas en función de las cuales se diseñaron los planes y programas de estudio, así como los nuevos materiales de enseñanza.
Pero sucedió que, al verse presionado por padres de familia y diversas organizaciones de la sociedad civil, el titular de la Dirección de Materiales Educativos, Marx Arriaga, se vio obligado a difundir, solo que a través de las redes sociales, diversos documentos relacionados con esas asambleas, en un intento por comprobar que sí se llevaron a cabo las consultas.
Acusado de omitir los mecanismos de rigor para evaluar y modificar los libros de texto, el funcionario finalmente dio a conocer que se realizaron 41 asambleas que convocaron “a miles” y contaron con la asistencia de más de “un millón de personas”.
Presentó documentos en los que se mencionan siete “foros”, tres en la “Ruta Sur”, que se efectuaron en Tabasco, Chiapas y Oaxaca entre el 22 y el 25 de noviembre de 2021, así como cuatro de la “Ruta Norte”, realizados en Sinaloa, Baja California, Baja California Sur y Chihuahua entre el 6 y el 10 de diciembre del mismo año. Pero nada más.
Los eventos se efectuaron por encomienda de la exsecretaria Delfina Gómez, pero los registros no contienen información sobre los diálogos entre los asistentes y los organizadores, ni sobre las propuestas de los docentes y de otros miembros de las comunidades escolares.
Como argumento para negar los datos que le solicitó Animal Político, la SEP antepuso, entre otras cosas, el artículo 3 de la Ley General de Transparencia, que reza: “Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de sujetos obligados en el ámbito federal es pública, accesible a cualquier persona y solo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial”.
Mientras tanto, Televisión Azteca, entre otros medios, señala sin contemplaciones que “estamos ante una conspiración fraguada por comunistas trasnochados”, como es precisamente el director de Materiales Educativos, Max Arriaga Navarro, marxista declarado, y el subsecretario de Educación Superior, Luciano Concheiro Bórquez, ex chavista que trajo a México a Sady Arturo Loaiza Escalona, otrora director de la Biblioteca Nacional de Venezuela, quien luego pasaría a ser director de Desarrollo e Innovación de Materiales Educativos en la SEP.
Un ejemplo del adoctrinamiento de corte comunista que se pretende inculcar primeramente al magisterio nacional es la guía para los maestros, fase tres, que corresponde a los grados primero y segundo de primaria, en donde se cita a Paulo Freire (Paulo Reglus Neves Freire 1921-1997), pedagogo brasileño de orientación marxista, autor del libro “La pedagogía del oprimido” (1970). Esta figura, a quien en dicho manual se le exalta como “soñador”, sostenía que la educación consiste en “un acto político para la trasformación de la realidad”.
En general, este burdo intento de ideologización desde la instrucción básica se ve claramente reflejado en el manejo de expresiones como “lucha de clases”, “colectivo”, “opresores”, “oprimidos”, el capitalismo como oponente a los intereses de clase, la concepción de una sociedad alternativa que se obtiene mediate la lucha contra los oponentes de clase, “poder”, “control”, monetización del factor tiempo, auto etiquetarse dentro de una clase social, etcétera.
Desde hace meses, debieron publicarse en el Diario Oficial de la Federación las modificaciones hechas a los planes y programas de estudio, asimismo, tuvo que haberse impartido capacitación al personal docente para aplicar correctamente dichos cambios, y luego llevarlos a una prueba piloto, todo esto, antes de iniciar el ciclo 2023-2024, pero omitiendo esta serie de obligaciones legales, desde julio se empezó a repartir con cierto sigilo el nuevo material educativo.
Como dije, queda claro que, en su ingenuidad, el gobierno federal hizo grandes esfuerzos para que los libros de la llamada Nueva Escuela Mexicana no llegasen a ser del conocimiento de los padres de familia “antes de tiempo”, seguramente para evitar que su distribución y uso fuesen estorbados, tras enterarse del contenido del material.
En efecto, por algún tiempo estos recursos constituyeron un verdadero misterio, incluso para los profesores, pero gracias a la tecnología de la comunicación y a los diferentes medios informativos que hurgaron sobre este delicado asunto, la verdad oculta se fue develando poco a poco, con las consabidas sorpresas.
La reacción de las autoridades educativas, incómodas por las constates observaciones o “errores” expresados, no se ha hecho esperar: “¡ahora resulta que todos son expertos en educación!”, exclamaría el pasado 14 de agosto la subsecretaria de Educación Básica, Martha Velda Hernández Moreno.
Insisto en que lo verdaderamente lamentable de la controversia que nos ocupa es que los pequeños educandos, destinatarios finales de los nuevos libros de texto gratuitos, sean puestos como carne de cañón en la absurda guerra político partidista que, en temporada preelectoral, se libra hoy en nuestro agraviado México.
Además del Hashtag #ConLosNiñosNo, que circula en Internet con motivo del tema en cuestión, habrá que poner en boga otro que diga: #YlosNiñosQuéCulpaTienen.
(davidguillenp@gmail.com).