Inseguridad y abuso laboral una historia sin fin en la carbonífera

Por Miguel Villarello

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¿A quién echar la culpa de un desastre minero con fatales consecuencias?

Sólo como dato escalofriante: en 133 años de historia de la minería del carbón en Coahuila han sucedido 32 siniestros en los que han perdido la vida más de mil 600 mineros cuyas edades van desde los 19 hasta los 54 años.

Relacionado con las circunstancias y condiciones de trabajo para extraer el carbón los propios mineros manejan un dicho, en el sentido de que la naturaleza tarde o temprano cobra la factura correspondiente para entregar el oro negro, como le dicen, que con esfuerzo sobrehumano se saca de sus entrañas.

Mientras unos culpan a la misma naturaleza, otros culpan a los dueños o concesionarios, sobre todo los familiares deudos de mineros caídos en accidentes dentro de las cuevas, por las acciones de negligencia en cuanto al trabajo bajo condiciones de inseguridad y sin prestaciones sociales en muchos casos.

Otros más culpan a las autoridades que, teniendo las armas legales para obligar a los explotadores del yacimiento a implementar todas las medidas de seguridad del trabajador, no lo hacen.

Por su parte los tres niveles de gobierno no pierden oportunidad para politizar el tema sin coordinarse para imponer el orden, sobre todo el estatal y los municipales que, a pesar de que la entidad legalmente es un Estado libre y soberano y los ayuntamientos son autónomos constitucionalmente, culpan a la Federación la cual se adjudicó la regulación para la explotación de los recursos naturales a través del Congreso de la Unión.

En cuanto a las excusas los estados con vocación minera y los municipios afirman que no se tienen atribuciones para obligar a los empresarios mineros a trabajar de manera legal, la Federación sostiene que no hay recursos para esos fines y, aparte de reducir personal burocrático, ha cerrado delegaciones que son las encargadas de la supervisión de las minas, en este caso.

Como muestra está la delegación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en Coahuila que, aunque cuenta con edificio y algo de personal en Saltillo, aparte de haber cerrado sus puertas a partir del 2018, cuenta con sólo seis inspectores que recorren difícilmente las más de 100 minas de carbón que se tiene el registro en la región Carbonífera de la entidad pues, según cálculos de los mineros de dicha zona, no es tal cantidad, sino que existen alrededor de 130 explotaciones diseminadas en los cinco municipios que conforman esta amplia zona, Sabinas, Múzquiz, San Juan de Sabinas, Juárez y Progreso.

Entre sus datos poblacionales la región Carbonífera tiene poco más de 16 mil 40 kilómetros de extensión, es la principal productora de carbón en Latinoamérica y hasta hace poco tiempo fue la principal proveedora del mineral utilizado por las carboeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad, empresa que es la única productora de electricidad en México.

Además, la zona del carbón mineral ocupa el 10 por ciento del territorio de Coahuila, cuenta con una población cercana a los 200 mil habitantes, lo cual significa el 6.89 por ciento del total de la población del estado de acuerdo con el último censo.

Al mismo tiempo que afirman que sí es negocio la explotación del carbón, los mismos trabajadores de la mina sostienen que, por lo menos, por cada tres minas registradas existe una clandestina o trabajando al margen de la legalidad y escaso equipamiento.

Otro dato indica que en casi el 75 por ciento de los siniestros ocurridos dentro de las minas, sobre todo denominados como “pocitos”, los mineros no estaban registrados ante el Seguro Social, carecían de prestaciones, el yacimiento no había sido concesionado de acuerdo con la normativa y trabajaban bajo condiciones de escasez de equipo adecuado.

Aunque los tres niveles de gobierno han pugnado por la mejora económica de este tipo de fuentes de empleo y la sustentabilidad ambiental que lleve a una diversificación económica de la región Carbonífera, sólo unos cuantos se han preocupado por las condiciones de seguridad al interior de las explotaciones del mineral.

Sobre todo, el Estado y los ayuntamientos en lugar de fomentar la coordinación y establecer convenios de colaboración, aprovechan para politizar el tema justificando que no tienen atribuciones como la Federación, pero nadie hace por resolver la problemática que en muchos casos deriva en acciones relacionadas con corrupción.

NEGLIGENCIA

Era un viernes 4 de junio del 2021 cuando cerca de la una de la tarde una mina, en Múzquiz Coahuila, padeció la inundación a causa de una abundante lluvia que, se dice, desbordó un arroyo cercano al yacimiento, como consecuencia seis mineros perdieron la vida por falta de condiciones de seguridad y una respuesta tardía.

Aunque hasta la fecha no se ha emitido dictamen alguno por parte de la autoridad federal, ni siquiera Protección Civil federal ni expertos en el tema y que colaboraron entonces en las acciones de rescate de los cuerpos, los deudos de Damián, Mauricio, Humberto, Gonzalo, Pedro, Francisco siguen a la espera de respuesta.

No obstante, habrá que destacar que el Estado de Coahuila a través de la Secretaría del Trabajo les ha brindado el acompañamiento mientras sus atribuciones se lo permiten y que consistente en asesoría y apoyo jurídico, pero las familias siguen sin respuesta pues algunos de los fallecidos carecían de seguridad y prestaciones sociales al momento de la tragedia en la mina de carbón ubicada en el Mineral de Rancherías, municipio de Múzquiz.

De acuerdo con los primeros reportes de entonces, las fuertes lluvias que se habían presentado en aquellos días humedecieron una parte del tajo cercano a la excavación mina, éste reblandeció y cedió al paso del líquido inundando tres de los cinco túneles que formaban la explotación, como consecuencia la inundación acabó con la vida de seis los mineros al quedar atrapados.

Al respecto, antes de entrar a sus labores estos trabajadores se habían despedido de sus familias como cualquier día, pero el hecho fue que salieron de sus viviendas sin saber lo que estaba por suceder.

Cuatro meses después el colectivo Organización Civil Familia Pasta de Conchos dio cuenta del incidente a la Comisión Federal de Electricidad, empresa que adquiría el carbón mineral extraído de Mineral de Rancherías en Múzquiz para producir electricidad en sus carboeléctricas ubicadas en Nava, Coahuila.

El documento sostenía que esta mina de arrastre en la que ocurrió el accidente no contaba con las condiciones de seguridad necesarias para continuar operando, la respuesta sigue esperándose.

MINA O “POCITO”

De acuerdo con una somera investigación de datos, en cuanto a la explotación del carbón mineral, del que Coahuila está colocado como principal productor en el país y Latinoamérica, hay tres tipos de minas subterráneas.

Son minas de pozo, minas en rampa y explotaciones mineras por galerías, además de las de tajo.

Las tres primeras son las conocidas tradicionalmente por sus túneles o galerías por debajo de la superficie terrestre y su entrada es por una rampa inclinada o perforación al pie de un cerro o montículo, mientras que las de tajo son a cielo abierto, algo así como excavaciones tipo escalonado hacia abajo.

En las minas de túneles bajo tierra las galerías de acceso, por ejemplo, las de pozo son verticales a la veta del carbón, las cuales están equipadas con un ascensor para transportar la maquinaria y al personal hasta la veta, son las conocidas como “pocitos” en la región Carbonífera coahuilense.

Aunque la autoridad local afirma que están prohibido este tipo de excavación por los riesgos que implica ya que en muchas veces la profundidad va más allá de los 50 metros bajo la superficie, los trabajadores extraen el material mineral bajo condiciones de inseguridad extremas.

Otros datos sostienen que en su mayoría estos “pocitos” no cuentan con licencias de funcionamiento y que, por cada 10 accidentes mineros que se han registrado se estima que 6 de ellos sucedieron en los “pocitos”.

ACCIDENTE

Pasado el mediodía del miércoles 3 de agosto, exactamente un año y dos meses después de la tragedia en Mineral de Rancherías en Múzquiz, se inundaron las galerías de otro pocito, dejando atrapados hasta hoy a 10 mineros que acababan de entrar a trabajar en su turno de la tarde a extraer carbón.

Aunque en esta ocasión no fue debido a las lluvias, sino a una perforación en un venero de agua subterráneo, la alarma de accidente se encendió en la excavación minera en el ejido Las Conchas ubicado en Agujita en Sabinas.

Ese día las primeras informaciones daban cuenta de que habían quedado atrapados dentro de una de sus galerías nueve trabajadores que, al estar perforando se toparon con una veta de agua la cual, al reventar, inundó la galería rápidamente, por la noche de ese día se confirmó que eran 10 los mineros atrapados.

Las Conchas es una comunidad de dicho ejido, una población cercana a Sabinas Coahuila, precisamente en la zona Carbonífera de la entidad y donde la principal fuente de empleo es la extracción de carbón.

De acuerdo con información proporcionada por personas cercanas a los trabajadores, sus familiares, ya en el sitio del accidente, sucedió la mañana del miércoles poco antes del mediodía cuando los mineros, que recién iniciaban su turno, encontraron entre las paredes de una de las galerías del “pocito” el venero que llevaba agua.

Perforaron accidentalmente y luego del derrumbe del material, el lugar comenzó a inundarse, por lo que estas personas aún luego de más de 72 horas continúan en calidad de atrapadas, no obstante, no se pierde la esperanza de encontrarlas con vida por lo que se realizan esfuerzos de salvamento por parte de los tres niveles de gobierno.

Ante la alarma, las fuerzas del orden en compañía de personal de Protección Civil municipal de Sabinas se dirigieron al sitio del siniestro de inmediato para establecer el plan y acciones de rescate.

Y mientras que la autoridad municipal en Sabinas reconocía oficialmente el suceso en la mina, hasta la tarde de ese día ni la Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado ni su contraparte federal habían emitido posicionamiento alguno, inclusive de manera extraoficial se habló del fallecimiento de uno de los mineros.

MIL 600 DECESOS Y 32 SINIESTROS

En 133 años de historia extractiva del mineral la región Carbonífera ha padecido más de 30 incidentes y la pérdida de la vida de más de mil 600 mineros.

Respecto a este tipo de siniestros, fue el año anterior, a unas semanas de ocurrido el accidente del Mineral de Rancherías en Múzquiz y donde perdieron la vida los seis mineros, que la diputada Yolanda Elizondo Maltos, cuya sede distrital precisamente se ubica en la región Carbonífera y de la cual es parte el municipio de Múzquiz, presentara un exhorto al Congreso.

Lo destacado de la ponencia fue que la legisladora por la Unidad Democrática de Coahuila apoyada por un estudio de la Organización Civil Familia Pasta de Conchos presentó un registro histórico de, por lo menos, los más de 32 accidentes mineros en los que han perdido la vida mil 614 personas en la historia de la entidad relacionada con la minería del carbón a partir de 1889.

Ante el Pleno legislativo Elizondo Maltos pidió exhortar a las secretarías de Economía, del Trabajo y Previsión Social y a la Comisión Federal de Electricidad “a que inspeccionen, evalúen, supervisen y en caso de incumplir se sancione a las empresas mineras que no tomen las medidas de seguridad para proteger y salvaguardar las vidas de los mineros”.

Ello con el fin de, precisó, “evitar la repetición histórica de desastres dentro de las minas de carbón que tanto han causado dolor y sufrimiento a las familias en la región Carbonífera en Coahuila”.

Trajo a la memoria el trágico incidente del 4 de junio en el Mineral de Rancherías, Múzquiz, y que perdieran la vida Damián Robles Arias de 27 años del ejido la Cuchilla, Mauricio Cortés y Francisco Briseño ambos de 24 años y del ejido Rancherías; Humberto Rodríguez Ríos de 40 años; Gonzalo Cruz Marín de 53 años; y Pedro Ramírez los tres del ejido la Mota al quedar atrapados por una inundación dentro del socavón.

Luego de ello la diputada resaltó que estos terribles hechos pudieron prevenirse, “si las autoridades hicieran sólo lo que les corresponde ni más ni menos y es que el trabajo que se desarrolla al interior de una mina es considerado de alto riesgo”.

“En México contamos con leyes y normas que protegen a los mineros, leyes y normas que no se respetan, de lo contrario no habría estos accidentes”, se quejó.

Y fue cuando dio a conocer la retahíla de accidentes en el periodo de 1889 hasta el último de entonces, en 2021, y a los que se suma este de la mina Las Conchas en Agujita, Sabinas, claro, dándole el crédito a la Organización Civil Familia Pasta de Conchos, colectivo que habría emitido el informe en 2020.

Aunque no emitió detalles de las causas de los siniestros ni si entre los fallecidos había mujeres o menores de edad, declaró que dicho colectivo había “documentado las muertes de mineros con base en registros oficiales desde 1889”.

En 1889 se tiene el primer caso documentado en la entidad, fue en la Mina 6 El Hondo y donde murieron y no fueron rescatados 300 mineros.

En 1902 en la Mina 6 El Hondo murieron 135 mineros; en 1907 en la Mina 1 Esperanzas perdieron la vida 16 mineros y en la Mina Tiro Nacional fallecieron 5 personas; en 1908 en la Mina 3 de Rosita murieron 200 mineros; ese año también en la Mina 2 de Palaú murieron otros 100 mineros; en 1910 en la Mina 2 Esperanzas fallecieron 300 trabajadores.

En 1921 en la Mina 6 de Rosita fallecen 6 mineros; en 1925 en Mina 4 Palaú pierden la vida 41 trabajadores, en 1934 en la Mina 6 Rosita mueren 57 mineros, en 1936 en la Mina 6 en Rosita pierden la vida otras 36 personas, en 1938 en la Mina 6 Rosita se mueren 3 mineros; en 1939 en la Mina 5 de Palaú otros 67 mineros pierden la vida; en 1939 en la Mina 6 de Rosita mueren 7 mineros.

En 1942 en la Mina 6 de Rosita en dos diversos incidentes quedaron sin vida 4 mineros; en 1948 en Mina 6 Rosita sólo un minero murió; en 1953 en Mina 6 Rosita otros 10 mineros fallecidos; en 1968 en Mina Guadalupe 2 de Barroterán 2 trabajadores perdieron la vida; en 1969 en Mina Guadalupe 2 y Mina 3 de Barroterán murieron 153 personas.

En 1973 en Mina Don Evaristo mueren 6; en 1976 en Mina 6 Rosita el deceso de 2 personas; ese año también en la Mina Sabinas mueren 7 mineros; en 1979 mueren en los pocitos de Agujita 10 mineros; en 1980 otros 4 fallecen en la Mina el Mezquite; en 1988 en la Mina 4 y Medio 37 trabajadores pierden la vida.

En 2001 mueren 12 mineros en La Morita; en 2002 13 mueren 13 en La Espuelita; en 2006 63 mineros pierden la vida en Pasta de Conchos; en 2011 mueren 4 mineros en La Esmeralda; en 2012 en Progreso 6 mineros fallecen y sólo uno sobrevive; en 2014 muere 1 minero en la Mina IV; en 2017 en Barroterán 5 mineros resultan heridos y dos quedan atrapados; en 2021 de 7 mineros atrapados en Múzquiz seis pierden la vida.

A ellos se suman los 10 atrapados en la inundación del pocito Las Conchas ubicado en Agujita, Sabinas, donde otros 4 salvan la vida al poder escapar de la inundación.

LEGALIDAD CUESTIONADA

Yolanda Elizondo continuó aquel año, afirmaba que en el país se contaba con leyes y normas “que protegen no sólo el buen desarrollo y ambiente laboral de un minero, sino que también protegen su integridad física”.

Que la Ley Minera publicada en el Diario Oficial de la Federación en 1992, “en su Artículo 7 establece las atribuciones de la Secretaría de Economía señalando en su Fracción IV su participación con las dependencias competentes en la elaboración de las normas oficiales mexicanas y las normas mexicanas relativas a la industria minero-metalúrgica en materia de higiene y seguridad en las minas”.

Que el Artículo 58 “faculta a esa Secretaría para verificar el cumplimiento de los deberes y obligaciones que impone la Ley Minera, así como sancionar su inobservancia; por lo que la verificación del cumplimiento a que están sujetos los titulares de las concesiones de las empresas mineras las encontramos establecidas en el Artículo 53”.

“En él se ordena a la Secretaría de Economía a realizar visitas de inspección a las instalaciones de las empresas y específicamente en el Artículo 43, Fracción II, que advierte en su segundo párrafo que: ‘si la visita de inspección que en su caso se practique revela peligro o daño inminente la Secretaría dispondrá de inmediato la suspensión provisional de las obras y trabajos, al igual que las medidas de seguridad por adoptarse dentro del plazo que al efecto fije; de no cumplirse en el plazo señalado ordenará la suspensión definitiva de tales obras y trabajos”.

Incluso advirtió que el Artículo 54 imponía “las infracciones a las disposiciones de la presente Ley mismas que se sancionarán con la cancelación de la concesión o asignación minera o multa”.

Al respecto la legisladora también recordó que la STyPS emitió la NOM-032-STPS-2008: Seguridad para Minas Subterráneas de Carbón estableciéndose las condiciones y requisitos de seguridad en las instalaciones y funcionamiento de las minas subterráneas como es el caso para prevenir riesgos a los trabajadores que laboren en ellas.

“Tales condiciones señalan, por un lado, las medidas que se tienen que adoptar en equipos, maquinaria, instalaciones y dispositivos y, por el otro, puntualizan el contenido de los procedimientos manuales, programas y planes de atención de emergencias que se deben utilizar para proporcionar la capacitación a los mineros que laboren en el interior de estas minas”.

Resaltó asimismo ante los demás diputados que la misma STyPS había emitido “los Requisitos Básicos de Seguridad para Trabajar en una Mina Subterránea de Carbón’ para que la empresa brinde a los mineros la seguridad laboral, su bienestar y salvaguarda de su integridad física”.

Mucho de esto actualmente se interpreta como letra muerta en Coahuila y su región Carbonífera, así como parea la impotencia de las familias deudas de los mineros fallecidos.

COSTOS

A partir del 2021 los más recientes estudios se han hecho sobre la diversificación económica y sustentabilidad y ecología en la región Carbonífera, mas nadie se ha ocupado de las condiciones de seguridad dentro de las minas.

Recientemente el diputado Jesús María Montemayor Garza empujó una propuesta en el Congreso local para mejorar la situación económica de la población minera en Coahuila, pero específicamente no propuso mejoras a la seguridad de los trabajadores.

No obstante que las mejoras en la seguridad tienen que ver con la Federación, como lo expuso antes la diputada Yolanda Elizondo Maltos, de acuerdo con la Ley Minera y la Constitución.

También está un estudio de la Universidad Autónoma de Coahuila, pero va más encaminado a la diversificación económica y la sustentabilidad de la región mencionada, la cual tradicionalmente se ha dedicado a la minería como forma de vida por lo menos desde hace casi 200 años.

Fue en junio de este año cuando Chuma Montemayor expresó que “si se cae la economía del carbón se acaba la vida en cinco municipios de la región Carbonífera de Coahuila”.

Recalcó que la situación es de crisis, “aunque todavía no se ha llegado al colapso, en la región no se ha llegado a crisis por la producción del carbón, más bien ya está en crisis desde hace tres años”.

Por lo que promovió la mejora económica basada en la diversificación industrial y el desarrollo como zona metropolitana de la Carbonífera; la lucha es contra la Federación, pues el Gobierno de la 4-T tomó la decisión de adquirir el mineral en el extranjero para, principalmente utilizarlo para la producción de electricidad por parte de la CFE.

Aunque el tema está politizado, otro factor que incide es el referente a las diferencias entre empresarios productores de carbón, por ejemplo, en Múzquiz donde la actual administración municipal es de filiación con el partido del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) a los productores que simpatizan con este partido sí les adquiere la CFE su producción del mineral.

“Caso contrario, a los que no simpatizan con dicho partido político o se los compran a muy bajo precio o definitivamente los dejan fuera de los contratos”, asume Montemayor Garza.

A ello se suma la baja en los precios que ya están incidiendo en la reducción de inversiones, maquinaria y equipamiento, a tal grado que el empresario pequeño o grande se ha visto imposibilitado para mantener su plantilla laboral y se ha llegado a despedir a trabajadores mineros con la consecuente afectación a cientos de familias y sectores como el comercial o de servicios locales.

Después de declarar que la CFE les compra la tonelada de carbón a mil 200 pesos y que el precio óptimo de compra debería ser de mil 900 pesos, el legislador sentenció que la situación afecta a decenas de comunidades de municipios como Sabinas, Múzquiz, San Juan de Sabinas, Juárez y Progreso.

Sin embargo, nadie promueve la mejora en las condiciones de seguridad al interior de las minas.

CARBÓN Y EMPLEO

De manera reciente Sergio Colin Castillo, investigador del Centro de Investigaciones Socioeconómicas (CISE) de la Universidad Autónoma de Coahuila, habló del cambio climático, el uso del carbón y el empleo desde la perspectiva de los habitantes de la zona Carbonífera.

Expuso que en la región Carbonífera existen dos grandes problemas, uno ambiental y otro económico, que el carbón es considerado como la principal actividad económica de empleo y que si se deja de producir “tendría un gran impacto negativo en la economía de la población puesto que se estima que 3 mil familias dependen directamente de su explotación y poco más de 10 mil lo hacen de forma indirecta”.

Dedujo incluso que, de verse en crisis el principal motor económico de la zona, unas 65 mil personas sufrirán el impacto en sus bolsillos.

Por ello propuso la diversificación en el sentido de recibir capacitación en otras áreas y a desempeñarse en empleos alternativos como maquila, agricultura, ganadería, metalmecánica, comercio, turismo, automotriz, reciclaje, construcción o las telecomunicaciones.

NINGUNO RESCATADO

Y mientras todo esto sucede y alguien retoma sus atribuciones para obligar a los concesionarios, empresarios y dueños de las minas de carbón a invertir para mejorar la seguridad de sus trabajadores, incluirlos en los beneficios y prestaciones sociales, mejorar sus equipos para el desarrollo de sus actividades de extracción, los 10 mineros en la mina del ejido Las Conchas, Agujita de Sabinas Coahuila, siguen atrapados, pasa el tiempo y se desvanece la esperanza de encontrarlos con vida.

Al respecto, el viernes en rueda de prensa el Gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís sostuvo que Coahuila mantiene la esperanza de encontrar con vida a los mineros atrapados.

Hizo un recuento de las labores de rescate en las que se coordinan los tres niveles de gobierno con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y expertos en rescate submarino, que se cuenta con alrededor de 15 bombas de extracción con capacidad mayor a los 60 litros por segundo cada una para sacará la mayor cantidad de agua en el menor tiempo posible.

“Pues, una vez que se saque la mayor cantidad de agua, estaremos en posibilidades de ubicar a los atrapados en la galería”, agregó.

Y mientras que la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General del Estado abrieron la carpeta de investigación correspondiente para fincar la responsabilidad penal contra el concesionario de la excavación a quien se identifica con el nombre de Cristian en un primer momento, reveló que se llamará a cuentas tanto al propietario de la mina y a los contratistas de la explotación.

Declaración que fue corroborada por el fiscal General del Estado, Gerardo Márquez Guevara, quien aseguró que el lunes 8 de agosto se tendría un avance considerable de la indagatoria.

Los 10 trabajadores que permanecen en calidad de atrapados dentro del pocito de carbón El Pinabete del ejido Agujita Sabinas, localidad situada a unas 3 horas y media de Saltillo por vía carretera, son Mario Alberto Cabriales Uresti, Sergio Gabriel Cruz Gaytán, Jorge Luis Martínez Valdez, José Rogelio Moreno Leija, Luis Alberto Valencia Vázquez, José Luis Mireles Arguijo, Margarito Rodríguez Palomares, Jaime Montelongo Pérez, José Rogelio Moreno Morales y Ramiro Torres Rodríguez.

Mineros de quienes, a casi 100 horas de haber sido atrapados por una corriente de agua dentro del socavón y que todavía hoy mantiene inundadas algunas galerías, sigue la esperanza de rescatistas y familias de encontrarlos con vida; no obstante, al paso del tiempo la situación incremente el riesgo de no ser afirmativa.

El “pocito” El Pinabete, excavaciones que supuestamente están prohibidas en la región por ser demasiado inseguras, tiene una profundidad de 60 metros, la inundación inició en una de las galerías y alcanzó una altura de 35 metros, pero, gracias al trabajo de las bombas extractoras se ha logrado disminuir esa inundación hasta los 23 metros aproximadamente, por desgracia, no se ha logrado aún rescatar a ninguno de los mineros.