Publicado por BBC News Mundo
Por Leire Ventas
«Sentí un golpe en mi cabeza. Me imaginé que me habían pegado con un bate o con la cacha (culata) de una pistola. Yo iba del lado del piloto, en la parte trasera, pegada a la ventana. Fue ahí cuando se me nubló la visión».
Lo que Marisol García Alcántara recibió fue un balazo.
Le ocurrió hacia las 5 de la tarde del 16 de junio en Nogales, Arizona, cuando iba a bordo de una camioneta Kia blanca, según recoge el reporte policial, junto a otros que trataban de entrar a Estados Unidos indocumentados desde el estado mexicano de Sonora.
Se lo cuenta a BBC Mundo desde su casa en México, a donde fue deportada tras ser sometida a una cirugía y pasar 22 días en un centro de detención, en una conversación por Zoom en presencia de su equipo legal.
El suyo es un relato detallado, pero con pausas. Y es que por momentos le cuesta recordar nombres, busca palabras en su cabeza durante segundos, hace gestos de esfuerzo. A veces lo logra. Otras no.
La pérdida de memoria es una de las «consecuencias de por vida» que asegura le dejó el impacto de la bala y el fragmento que aún alberga su cerebro.
En diciembre presentó una reclamación civil por daños y prejuicios contra la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), agencia que supervisa a la Patrulla y que depende del Departamento de Seguridad Nacional, exigiendo una indemnización.
Es un paso previo obligatorio antes de entablar una demanda federal contra el gobierno de Estados Unidos, algo que pretenden hacer tan pronto como los plazos legales se lo permitan —no antes del próximo 20 de junio—, tal como le explica a BBC Mundo su abogado Eugene Iredale.
Pero volvamos a la escena inicial, al relato de Marisol.
«Un ángel muy grande»
«Íbamos en la camioneta. Al dar la segunda vuelta, como a media calle, se escucharon las sirenas. Entonces le dijimos al conductor que se parara por favor, porque ya nos habían agarrado».
Era la Patrulla Fronteriza siguiéndolos, ordenándole al vehículo que se detuviera.
Un supervisor de la Patrulla les diría después a los agentes del Departamento de Policía de Nogales que llegaron a la escena que la camioneta había hecho caso omiso, tal como se recoge en el informe policial, pero García Alcántara insiste en que estaban aminorando la marcha para parar.
En eso estaban, cuenta, cuando uno de los agentes de la Patrulla —cuyo nombre no se ha hecho público ni se recoge en el informe policial ni en la reclamación civil— le disparó. Ella inmediatamente perdió la visión.
«Yo nomás escuchaba a mis compañeras que estaban pidiendo ayuda. Escuchaba que ellas decían que me ayudaran a mí, que alguien las ayudara.
«Los policías me preguntaban cómo me llamaba, cuántos años tenía, de dónde era y cuántas hijas tenía. Y (me decían) que no me durmiera, que ya iba a llegar la ambulancia por mí».
Para cuando recuperó la vista ya iba en la ambulancia de camino al centro de salud local, donde una doctora le diría que «tenía un ángel muy grande en el cielo porque estaba viva después de recibir un balazo».
El disparo le provocó una hemorragia intracraneal, fractura de cráneo y de órbita (uno o más huesos que rodean el ojo) y la bala y algunos fragmentos de hueso se le quedaron incrustados en el lóbulo frontal izquierdo, según se lee en la demanda civil.
La cirugía para extraerle el proyectil se la realizaron en el Hospital St Joseph, en Phoenix, a donde la trasladaron en helicóptero.
De la intervención le queda la marca de 36 grapas, un poco más arriba de la cicatriz que le dejó la bala. «Aquí, arriba de la ceja está la cicatriz, y la de los puntos aquí. Tengo todo esto, hasta acá», dice mientras mueve el cabello de la frente para mostrarla a cámara.
«Desperté el día viernes (18 de junio). Fue cuando me llevaron a otro cuarto. Y de ahí el sábado me llevaron a Migración y el domingo a Florence».
— ¿Qué es Florence?
— Florence es la cárcel.
El Centro Penitenciario Florence alberga un centro de detención gestionado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Marisol pasó allá 22 días antes de ser deportada.
«Si me la saca, me muero»
De regreso en su país volvió a ir al médico, ya que, en EE.UU., asegura, no le habían dado «ninguna explicación», ni el informe del alta hospitalaria ni ningún otro documento que informara sobre su estado de salud.
En México «me hicieron estudios y me dijeron que traía un pedazo de bala en la cabeza, que me está cubriendo un pedazo de mi cerebro».
«No pueden hacer nada más que tratarme con medicamentos. Eso sí, me dijo el doctor que el medicamento es de por vida. Porque sacarme la bala no se va a poder, porque si me la saca, me muero».
Los fármacos que debe tomar incluyen uno para prevenir ataques epilépticos, además de antidepresivos.
A 10 meses del incidente, «tengo consecuencias como parálisis facial, pérdida de memoria, los dolores de cabeza que no se me van a quitar, me mareo», cuenta.
«Justamente ayer me mareé y se me fue la visión por segundos».
Eso le impide seguir trabajando como seguridad privada, a lo que se dedicaba antes de decidir emigrar y buscar en EE.UU. una manera de ayudar a que sus tres hijas sigan estudiando.
Hoy por hoy subsiste con la ayuda que le da su madre y una asociación cuando se siente «más apretada».
Las demandas
Por ello presentó en diciembre la reclamación civil por daños y perjuicios. Pero no busca solo que la indemnicen con dinero.
«Justicia, pedimos justicia. Que la persona que me disparó me pida una disculpa personalmente y que se haga justicia para que él no siga haciendo más daño a más personas».
BBC Mundo le consultó a la CBP sobre el incidente y la demanda presentada por Marisol, pero todo lo que obtuvo por respuesta es que no hace comentarios sobre litigaciones en curso. No hay más información pública acerca del caso.
Según el abogado Iredale, recibieron una carta de la CBP fechada el 23 de diciembre solicitando una serie de documentos, incluidos los relativos a los tratamientos médicos, e informando que tenían hasta seis meses para llevar a cabo una investigación y responder a la demanda civil.
La reclamación civil es una etapa obligatoria para poder entablar una demanda en un tribunal federal contra el gobierno de Estados Unidos, aclara el letrado.
Si a los seis meses de presentar la reclamación civil —se cumplen el 20 de junio— la CBP no ha respondido, Iredale confirma que presentarán la demanda federal. Si hay respuesta, tendrán que esperar otros seis meses para hacerlo.
«Queremos una investigación completa», le dice a BBC Mundo. «Pero creemos que no es solamente una cuestión de culpabilidad civil, sino también criminal, porque este es un asalto con fuerza letal contra una mujer que es inocente de cualquier forma de provocación o asalto».
«Ella no representó un peligro de ninguna forma para a este agente», subraya.
«Y va contra las reglas de la Patrulla Fronteriza el utilizar balas, disparar, para tratar de parar un vehículo. Y según entiendo a este punto en nuestra investigación es que el vehículo estaba parado o estaba en el proceso de hacerlo cuando el tiroteo sucede. No hay justificación posible para este uso de fuerza brutal».
La cantidad de migrantes que tratan de llegar ilegalmente a EE.UU. por la frontera que comparte con México se ha disparado en los últimos años.
El pasado año fiscal —que empezó en octubre de 2020 y terminó el 30 de septiembre de 2021— la Patrulla Fronteriza registró la mayor cantidad de «encuentros» con migrantes indocumentados de las últimas seis décadas.
Y en ese mismo periodo la CBP contabilizó en la frontera sur 628 incidentes en los que agentes de la Patrulla Fronteriza hicieron «uso de la fuerza», según se recoge en las estadísticas disponibles en su página web, sin especificar de qué tipo ni con qué consecuencias. En lo que va de año fiscal llevan ya 360.
De acuerdo a la Southern Border Communities Coalition (SBCC), una coalición de más de 100 agrupaciones que trabajan en la frontera, desde enero de 2010 al menos 100 personas han muerto a manos de agentes de la Patrulla Fronteriza. En su página web recogen los datos con detalle, en ocasiones con nombres y apellidos de las víctimas.
Mientras «los agentes de la CBP y los oficiales arriesgan sus vidas todos los días para mantener seguras a nuestras comunidades», el Departamento de Seguridad Nacional «le debe al público la investigación justa, objetiva y transparente de los incidentes de uso de fuerza para que se mantengan y cumplan nuestros más altos estándares», dijo el secretario de Seguridad Nacional Alejandro N. Mayorkas en unas declaraciones recogidas en enero por el diario The New York Times.
La utilización de la fuerza por parte de la Patrulla con consecuencias nefastas no es nueva.
Una de las más sonadas fue la muerte en 2010 de Anastasio Hernández Rojas, un mexicano padre de cinco hijos que llevaba 25 años residiendo y trabajando en construcción en EE.UU. sin los debidos documentos migratorios.
Falleció tras ser detenido en la localidad californiana de San Ysidro y recibir descargas eléctricas de la Patrulla Fronteriza. El informe forense lo catalogó como «homicidio». El Departamento de Justicia se negó a presentar cargos contra los agentes involucrados y hoy el caso está en manos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
«Desde el caso de Anastasio hasta el de Marisol, existe un gran problema de impunidad con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP)», dice Andrea Guerrero, directora ejecutiva de Alliance San Diego, que forma parte de la Southern Border Communities Coalition.
«La CBP es relativamente nueva. Se formó después del 11-S, rápido, sin mucha supervisión y sin un sistema para responsabilizar a los agentes que cometen abusos», explica.
Según Guerrero, durante años el centro del problema fueron los recién desmantelados Equipos de Incidentes Críticos de la CBP.
Las unidades, cuyo rol nunca fue definido públicamente ni tenían la autorización del Congreso para llevar a cabo investigaciones ni recopilar evidencias, solían involucrarse cuando agentes de la Patrulla se veían envueltos en incidentes con heridos o muertos, apunta.
En el caso de Marisol, el reporte del Departamento de Policía de Nogales hace constar que un Equipo de Incidentes Críticos estuvo en la escena además del FBI.
Guerrero, que indagó sobre estos entes durante años, los describe como «unidades encubridoras en la sombra».
La Southern Border Communities Coalition pidió al Congreso que los investigara y presentó una denuncia ante el Departamento de Seguridad Nacional, y dos comités del Congreso iniciaron en enero una investigación propia, solicitando a la CBP información sobre la unidad en cuestión.
Como consecuencia, este 6 de mayo la CBP anunció el desmantelamiento de dichos equipos.
Guerrero celebra la decisión. «Es un reconocimiento implícito de que estas unidades no tienen cabida en las investigaciones. El siguiente paso, y quizás más importante, es reconocer el daño causado y tomar medidas para que los responsables rindan cuentas. Sin eso, no puede haber justicia».
Por ello, la Southern Border Communities Coalition hizo un llamado para que se conserven todos los registros de actividades de los Equipos, para que puedan ser revisados de forma independiente por investigadores policiales externos, comités de supervisión del Congreso y fiscales.
«Para avanzar, necesitamos un recuento honesto de lo ocurrido, para que nunca vuelva a suceder».