Redacción Más / IA
Desde enero de 2019, se han registrado 14 incendios en estaciones migratorias bajo la administración de Francisco Garduño, quien asumió el liderazgo del Instituto Nacional de Migración (INM) en junio de ese año. Estos incendios y las violaciones sistemáticas a los derechos humanos han generado críticas contundentes por parte de diversas organizaciones.
El primer incendio bajo la gestión de Garduño ocurrió en enero de 2019 en una estancia provisional tipo B en Mexicali, Baja California, donde 26 personas prendieron fuego a un colchón. Afortunadamente, no hubo fallecidos ni heridos en este incidente. No obstante, ese mismo año, se registraron otros cuatro incendios en Baja California, Oaxaca, Coahuila y Chihuahua, también sin víctimas. La información fue publicada por la agencia Animal Político.
El panorama empeoró en abril de 2020 cuando un incendio en Tenosique, Tabasco, cobró la vida de una persona y dejó a 15 afectadas, de las cuales 14 fueron hospitalizadas. Este incidente fue una protesta por las condiciones insalubres y el hacinamiento durante la pandemia de COVID-19. Posteriormente, otro incendio en Piedras Negras, Coahuila, en 2020, dejó seis personas lesionadas.
Los incendios continuaron en 2021, con incidentes en Veracruz y Chiapas sin víctimas, y en 2022, con nuevos incendios en Piedras Negras, Puebla, Tabasco y Veracruz. El más trágico ocurrió en marzo de 2023 en Ciudad Juárez, donde murieron 40 personas y 28 resultaron heridas, evidenciando la gravedad de la situación.
Las principales violaciones a los derechos humanos en las estaciones migratorias incluyen alimentos en malas condiciones, hacinamiento, separación de familias y falta de acceso a intérpretes. Además, se restringe la comunicación con el exterior y falta de registros confiables y actualizados de las personas migrantes. Estos problemas han sido constantes durante la administración de Garduño.
Organizaciones como Sin Fronteras y la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD) han denunciado la persistente vulneración de derechos desde el nombramiento de Garduño. La situación ha empeorado en puntos fronterizos, espacios de verificación y control, así como al momento de expedir documentación a los migrantes.
Wendy Castro, de Sin Fronteras, destacó la culpabilización y revictimización de los migrantes tras el incendio en Ciudad Juárez. Además, se han documentado condiciones inadecuadas de servicio médico, falta de control en el manejo y consumo de medicamentos, ausencia de capacitación en derechos y prevención de la tortura, y instalaciones insuficientes para personas con discapacidad.
La estigmatización y criminalización de la movilidad humana es una narrativa constante desde el INM y otras instancias gubernamentales. A pesar de las múltiples recomendaciones y procesos iniciados, no ha habido un cambio contundente a favor de los derechos de las personas migrantes. El nuevo programa de regularización migratoria emergente no ha respondido a las necesidades reales.
Entre 2019 y 2023, las quejas contra el INM ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) crecieron 3.4 veces, pasando de 714 a 2,493. El informe «No nos dejen morir aquí» critica la política migratoria sin enfoque de derechos humanos y el uso de la Guardia Nacional como aparato de control, contraviniendo las disposiciones normativas en materia migratoria y del derecho internacional.
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